Uno de los retos que se ha propuesto la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, es mejorar la gestión de la criticada y polémica Sociedad Pública de Alquiler (SPA), creada en 2005. En tres años, esta empresa pública ha cerrado 20.337 contratos, según los datos de 2008 que presentó hace unas semanas Nieves Huertas, presidenta de la SPA. El año pasado, el número de contratos firmados creció un 20%, hasta 9.246.

Huertas ha admitido que en tres años, 51.526 arrendadores se han interesado en alquilar un piso a través de la SPA, lo que supone que esta sociedad sólo ha ofrecido el 39% del total que tenía disponible.

Estos números se quedan pequeños si se tiene en cuenta que cada año demandan piso entre 400.000 y 450.000 personas por formación de nuevos hogares, movilidad laboral y otras causas y que sólo el 10% de las casas está en alquiler. A esto se une que España tiene la edad de emancipación más tardía de toda Europa. Pese a ello, el objetivo de la Sociedad Pública de Alquiler es cerrar 25.000 contratos encuatro años.

"El punto negro de la SPA es su propia concepción porque no tiene sentido que el Estado actúe como intermediario; no tiene red y duplica las funciones de comunidades y ayuntamientos", señala Pere Macías, presidente y portavoz de CiU en la Comisión de Vivienda del Congreso. Este grupo parlamentario ya ha propuesto que la SPA compre 30.000 viviendas (y otras 10.000 las comunidades) para ofrecerlas en alquiler "y dar al stock una función social". IU va más allá y propondrá que el Estado compre el millón de pisos sin vender (780.000 ya están construidos y otros 260.000 están en desarrollo) para ofrecerlos luego en alquiler con opción de compra.