Ocurrió hace apenas un mes en Santa Cruz de Tenerife. La Policía esperó a la hora de comer a las puertas de un comedor social y, a la salida, detuvo a una decena de inmigrantes por no tener papeles. 'Nos estaban esperando en la puerta, los vi y me metí dentro a esconderme', relata Hamid, un chico saharaui que consiguió huir del acoso.

Hace unas semanas, pasó algo similar en un local de envío de dinero de Madrid. 'Llegaron las patrullas y se llevaron a varios inmigrantes', relata Vladimir Paspuel, presidente de la asociación Rumiñahui y testigo de los hechos. Los extranjeros relatan historias similares en distintas provincias.

Las ONG y asociaciones critican que la Policía continúa haciendo redadas a inmigrantes a pesar de que el Ministerio del Interior niega desde hace seis meses que se realicen estas prácticas. En sus comparecencias en el Congreso de los Diputados, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha negado en repetidas ocasiones que existan 'órdenes políticas' para perseguir a sin papeles.

A principios de cada año, Interior presenta su Balance contra la inmigración ilegal, que incluye los rechazos en puertos y aeropuertos, readmisiones, expulsiones y devoluciones. En el último informe, de 2008, los repatriados a través de expedientes de expulsión por estancia irregular en España aumentaron un 12,1%, al pasar de los 9.467 en 2007 a 10.616 en 2008.

Otros países de la UE como Italia y Francia, también han endurecido sus políticas contra la inmigración irregular en los últimos tiempos.

En España, los afectados denuncian que las redadas indiscriminadas ya no se hacen sólo en parques, bocas de Metro o paradas de autobuses, sino también en lugares donde los inmigrantes acuden en busca de ocio o cobertura social: canchas deportivas, locutorios, comedores sociales o sedes de asociaciones.

'Muchos inmigrantes que acudían a nuestro local para participar en talleres están dejando de hacerlo por miedo a las redadas', explica Paspuel.

Juan Carlos Rois, presidente de la asociación Aesco (América España Cooperación) afirma que la mayor presión policial se da en Madrid, Alicante y Murcia. 'Hemos recibido quejas, en pleno curso escolar, de que había agentes esperando a que los padres fuesen a recoger a los niños', señala Rois.

Esta denuncia también la hacen en la ONG Andalucía Acoge. 'Algunos tampoco se atreven a salir a comprar o a ir al hospital porque los persiguen donde van a buscar lo más básico', lamenta su presidenta, Mamen Castellano.

La tensión entre Policía e inmigrantes da lugar a veces a situaciones de conflicto. En Roses (Girona), la semana pasada unos 50 inmigrantes, la mayoría senegaleses, arrinconaron en una playa a cuatro policías que habían intentado requisarles la mercancía, básicamente bolsos y gafas de sol falsificadas. La revuelta se saldó con tres agentes contusionados.

'La Policía empezó primero. Vinieron con ganas de pegar. Si te pegan, ¿tú qué haces? Defenderte. Y eso es lo que hicimos', cuenta uno de los vendedores que participó en la tangana.

En menos de un kilómetro y medio más de 200 inmigrantes se reparten el paseo marítimo de Santa Margarida, en Roses. Michael, un vendedor que lleva ya dos años en la zona, reflexiona: 'Nosotros ganamos muy poco vendiendo un bolso, lo justo para comprar un bocadillo. Respetamos a la Policía, pero tienen que entender que no hacemos ningún daño. No robamos a nadie'. El subdelegado del Gobierno en Girona, Jordi Martinoy, ha anunciado que los Mossos dEsquadra y la Policía Nacional colaborarán con la Policía Local para combatir este fenómeno.

En Catalunya, las asociaciones de ayuda a los inmigrantes confirman que desde hace un año se han intensificado las redadas. Isabel Martínez, portavoz de SOS Racisme, advierte que en los casos de personas en situación irregular se trata sólo de una 'simple falta administrativa' y no de un delito.

Esta portavoz considera que existe una cierta 'obsesión' europea y española contra la inmigración 'sin papeles', frente a la que propone grandes dosis de pedagogía antiracista para evitar que a largo plazo 'se ponga en riesgo la convivencia'.

Desde SOS Racisme enviaron cartas a los ayuntamientos de municipios donde se han detectado una mayor persecución de estos colectivos, en las que requerían alguna explicación al respecto. En el mejor de los casos, el del Ayuntamiento de Barcelona, dio un 'sin novedad' por respuesta.

Omar, secretario de la Asociación Catalana de Residentes Senegaleses, afirma que en una ocasión los agentes le pidieron la documentación cuando iba acompañado por compañeros españoles, según cree, 'sólo por ser negro'.

En ocasiones, los menores de edad también se ven involucrados en estas operaciones policiales. El 7 de julio, la Policía detuvo a seis inmigrantes (dos mayores y cuatro menores de 18 años) en un campo de fútbol del barrio madrileño de Orcasitas. Los cuatro que terminaron en comisaría estudian en el colectivo La Calle, que da acogida y formación a menores no acompañados.

'Primero apareció un coche y, después, otros siete u ocho más', relata el presidente de la organización, Fernando Saleta. 'Salíamos del gimnasio y, al llegar al campo de fútbol, nos enseñaron las placas y dijeron: ¡Cállate, negro de mierda! ¡Aquí mando yo!', recuerda Khabim, uno de los chicos. 'Al final nos tiraron al suelo, nos pegaron con sus palos [porras] y sus botas y nos esposaron'.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid niega que se practiquen redadas: 'No hay operaciones en las que vayamos únicamente a por extranjeros'. Las intervenciones, en todo caso, se realizan en comedores o parques para 'prevenir delitos', puntualizan fuentes de este organismo.

La Jefatura también rechaza que hayan existido cupos mínimos de sin papeles detenidos por comisaría, sino 'un plan por objetivos, como ha habido siempre. Si en una zona hay un perfil de delincuentes, el trabajo de la Policía es atajarlo'.

La vinculación de la inmigración a la delincuencia es uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones del sector de la inmigración, por la imagen discriminatoria que crea de los extranjeros.