La Policía desarticula a la organización que controlaba la prostitución de búlgaras en Marbella

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal compuesta por ciudadanos búlgaros, albaneses y españoles que presuntamente controlaba la prostitución de ciudadanas búlgaras en Puerto Banús (Marbella), según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado. La actuación se ha desarrollado en el marco de una operación contra la trata de seres humanos en la que se ha detenido a 30 personas que se calcula han obtenido ingresos por valor de dos millones de euros en dos años.

Los proxenetas contaban con cuatro viviendas en el propio puerto, donde llevaban a sus clientes -principalmente turistas-, y que eran regentadas por cuatro mujeres encargadas de cobrar por los servicios mediante TPV (Terminal Punto de Venta) asociados a empresas del entramado delictivo y de controlar a las chicas. En muchos casos, aprovechando el grado de intoxicación etílica de los hombres o tras suministrarles alguna sustancia, efectuaban cuantiosos cargos fraudulentos con sus tarjetas bancarias en los TPV. A través de un entramado de empresas blanqueaban los beneficios obtenidos con sus actividades ilícitas, dinero que era devuelto en metálico a los explotadores con la mediación de un ciudadano albanés y de su pareja.

La operación, en la que han participado 115 agentes y se ha desarrollado en el marco del Plan Policial contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual puesto en marcha por la Policía Nacional, se ha saldado con la detención de 30 personas en Torremolinos, Marbella y Algeciras, 24 de ellas de nacionalidad búlgara, cuatro españolas, una albanesa y una francesa de 83 años. Asimismo, se han llevado a cabo 27 registros domiciliaros en los que se han intervenido 30 gramos de cocaína, diez TPV, 62.096 euros, 1.960 libras esterlinas, 152 dólares americanos y cantidades menores de otras divisas. Por otra parte, se ha conseguido el bloqueo de numerosas cuentas corrientes y activos financieros, de seis propiedades inmobiliarias, de quince coches y tres motocicletas.

La investigación se inició en 2012, al constatarse un aumento de la prostitución callejera en Puerto BanúsLa investigación se inició en septiembre de 2012, una vez que los investigadores constataron el aumento de la prostitución callejera en el lujoso puerto deportivo de Puerto Banús. Los investigadores observaron cómo diariamente, al menos dos furgonetas llegaban a este lugar cargadas con mujeres que, a excepción de la conductora, se bajaban del vehículo para ejercer la prostitución durante toda la noche en las calles de Puerto Banús.

Una vez que contactaban con sus clientes en plena calle o en los diferentes pubs de esta zona, se desplazaban a una serie de viviendas ubicadas muy próximas con el fin de consumar el servicio sexual. Al final de la noche eran recogidas en las inmediaciones de Puerto Banús y trasladadas a la localidad de Torremolinos, donde al parecer vivían con sus respectivos explotadores, que en ocasiones eran sus propias parejas. Según la Policía, entre ellos formaban un grupo que se conocía perfectamente, reuniéndose en lugares comunes y realizando actividades de ocio variadas, manteniendo en todo caso un alto nivel de vida, no constándole a ninguno medio de vida legal conocido.

Una ciudadana búlgara que se negó a prostituirse fue víctima de violencia extrema por parte de la tramaDe forma paralela, se recibió una denuncia de una ciudadana búlgara que había sido retenida contra su voluntad y víctima de una violencia extrema por parte de un ciudadano de su misma nacionalidad, tras haberse negado a seguir ejerciendo la prostitución para él. Más tarde, relató cómo fue traficada y captada en su país por un ciudadano turco, que la llevó en primer lugar a Alemania para ejercer la prostitución en este país y posteriormente a Torremolinos. Ya en España fue vendida a un ciudadano búlgaro que la explotaría en Puerto Banús. A esta mujer se le ha aplicado el protocolo de víctimas de Trata de Seres Humanos y se encuentra en la actualidad bajo protección de una organización especializada en el tratamiento de estas víctimas y su inserción social.