La Policía detiene a 150 personas por fraude en el cobro del desempleo

La Policía ha detenido a 150 personas e imputado a otras 277 por su implicación en una trama de 30 empresas que ofrecía falsas altas como trabajador, que han permitido a más de 400 personas -en su mayoría marroquíes asentados en Cataluña- regularizar su situación y percibir la prestación por desempleo. La macrooperación ha sido desarrollada por la Policía Nacional, y se ha llevado a cabo en Barcelona, Tarragona, Gerona y Jaén. Los implicados ofrecían falsas altas como trabajador a cambio de entre 300 y 500 euros, y gracias a ese periodo de trabajo ficticio más de 400 personas pudieron regularizar su situación en España y cobrar el subsidio por desempleo.

En total, se cree que entre todos llegaron a percibir 2.667.000 euros del Servicio Público de Empleo Estatal, aunque el fraude al Estado asciende a 7.192.000 euros, porque a las prestaciones fraudulentas hay que sumar la deuda de 4.525.000 euros que las empresas -a nombre de testaferros y sin apenas actividad laboral real- contrajeron con la Seguridad Social por incumplir la obligación de cotizar por los seguros sociales.

Los socios de las empresas eran meros "testaferros" procedentes de sectores marginales

La investigación se remonta a mediados de 2011, cuando la Inspección Provincial de Trabajo de Barcelona detectó la existencia de una serie de empresas con deudas en sus cotizaciones de seguros sociales y, aparentemente, sin actividad laboral real. Los investigadores determinaron que un grupo de 30 empresas (16 Sociedades Limitadas y 14 Sociedades Civiles Particulares) eran usadas para presentar sucesivas altas y bajas de trabajadores, en ocasiones contratados por varias de las mercantiles del grupo. Estas sociedades incumplieron sistemáticamente y desde el inicio de su actividad la obligación de cotizar por los seguros sociales de sus trabajadores, presentando descubiertos por impago de cuotas por un total de 4.525.000 euros.

Además, en la constitución de las mercantiles se consignaba como socios y administradores a personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros "testaferros" procedentes de sectores marginales y de exclusión social. Gracias a estos se conseguía ocultar la verdadera identidad de los responsables y la localización de las empresas, eludiendo así las acciones ejecutivas que pudieran llevarse a cabo. De hecho, los domicilios sociales y de actividad empresarial facilitados en los datos de inscripción de las sociedades eran falsos.

Desde la construcción a la jardinería

La red empresarial también se servía de varios profesionales de la gestión para canalizar la confección de contratos, nóminas, partes de alta y baja y certificados de empresa. En general las actividades declaradas en el momento de la constitución de las empresas eran muy amplias, aunque eran inscritas en la Seguridad Social como únicamente dedicadas a la construcción y la jardinería. En total, el grupo empresarial dio de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a 3.375 trabajadores, de los que 398, tras acumular los mínimos periodos de carencia legalmente establecidos o para completar estos periodos, obtuvieron prestaciones y/o subsidios por desempleo por un total de 2.667.000 euros en base a esa supuesta actividad laboral.

Además, al menos 406 personas habrían utilizado el alta en la Seguridad Social como presuntos trabajadores en algunas de las empresas investigadas para solicitar la renovación de la correspondiente documentación de Trabajo y Residencia en España o reagrupación familiar, a la que muchos de ellos no hubieran tenido derecho. Hasta el momento, la Policía ha identificado y arrestado o imputado a un total de 427 personas, entre ellas el presunto cabecilla de todo el entramado empresarial. Uno de los detenidos, testaferro que figuraba como administrador o representante de ocho de las sociedades y también constituyente en 17 de las empresas, trabajaba en realidad como repartidor de pizzas.