El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, asegura que no actuó como tal cuando pidió debatir sobre la conveniencia de instaurar la cadena perpetua para los pederastas. Fue el argumento que utilizó ayer ante el pleno del órgano de gobierno de los jueces para disculparse por haber achacado a la institución una propuesta 'personal'.
Ni siquiera necesitó verbalizar una disculpa para recabar el perdón de sus compañeros. Los vocales de la minoría progresista se dieron por satisfechos y retiraron su propuesta de reprobación.

Así se saldó la reunión del máximo órgano responsable de velar por el buen funcionamiento de la justicia. Mientras, la comisión disciplinaria sigue recabando información para decidir el lunes si sanciona a los jueces de Sevilla Rafael Tirado y Javier González por su responsabilidad en el cúmulo de errores que dejaron libre al presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle.

El primero olvidó ordenar capturar a Del Valle para enviarlo a la cárcel a cumplir la sentencia firme que dictó González. Éste tardó dos años y medio en confirmarla. El CGPJ debe dilucidar si considera la demora de González tan grave como la negligencia de Tirado.

Nuevos sistemas de control

Para evitar que vuelvan a cometerse errores garrafales como los de los titulares del juzgado número 1 de Sevilla y el ponente de la Audiencia Provincial, la comisión de estudio designada por la Fiscalía General del Estado para el seguimiento de los delitos sexuales celebró su primera reunión. En ella, se planteó 'unificar' los sistemas informáticos que utilizan los juzgados y la Policía para controlar la situación personal de los condenados por estos delitos. Desde 2002, Del Valle estaba condenado por abusar de su hija pero seguía en libertad porque la sentencia nunca fue ejecutada.

Estudio de otros sistemas

La comisión pedirá informes sobre los sistemas telemáticos de todas las fiscalías españolas. Pero se informará también de los modelos de seguimiento y control de delincuentes sexuales implantados en Italia y Francia. Asimismo, contactarán con las fiscalías especiales para violencia de género para conocer detalles sobre su registro de maltratadores, con la posibilidad de extenderlo a los delitos sexuales, según explicó la Fiscalía. Con todo ello, harán un diagnóstico 'fiable' de la situación de la ejecución de las sentencias por abusos sexuales en España.

En relación a la prevención de la reincidencia de delitos graves, analizará un reciente informe de un grupo de expertos catalanes que aboga por aplicar la libertad vigilada y un tratamiento hormonal consentido para reducir el deseo sexual en casos graves de violadores que hayan cumplido la condena.