Los amigos de Álvaro Ussía llaman “El Puerta” al portero de discoteca acusado de matarle el pasado viernes. Le recuerdan como un tío “gordo y con pinta de chulo”. Dicen que pesa “150 kilos” y que con todo el peso de su cuerpo le rompió a Álvaro el corazón. El relato de lo que presuntamente ocurrió esa noche en El Balcón de Rosales no dista mucho de cualquier encontronazo en una discoteca: risas, empujones, una copa que se cae....

Pero esta vez una de las afectadas era la novia de “El Puerta”. “A Álvaro le sacaron a ostias del local y él dijo que lo sentía, que pedía perdón”, explicaron sus amigos. El Puerta le golpeó en el suelo, mientras otros dos porteros se cuidaban de que el resto de los chicos no se acercara.

 Su relato coincide con el de un juez que salía junto con unos amigos del local. Según la cadena Ser, el magistrado pudo ver lo que estaba ocurriendo y pidió a los vigilantes que parasen. A pesar de identificarse como juez, los agresores le respondieron: “A ver si te vamos a dar a ti”.

Los tres porteros, Antonio S. S.; David S. G. y David A. A., ingresaron ayer en prisión provisional y sin fianza , tras prestar declaración durante toda la mañana ante el juez.

La muerte del joven madrileño ha reabierto el debate de la necesidad de crear una reglamentación que determine qué requisitos y formación deben tener los porteros de discoteca, entre 130.000 y 140.000, según datos ofrecidos ayer por el presidente de la Asociación Nacional de

Porteros de Discoteca (ANPD), Rafael de Castro. En la actualidad no existe nada al respecto, excepto en Catalunya. Según denunciaron ayer CCOO y UGT, este sector está formado “por personal no cualificado para esta función, al que no se le requiere ningún tipo de formación”.

Si bien señalan que casos como los de Madrid son puntuales, los sindicatos sí afirman que la falta de requisitos reglados hace que a menudo la única condición sea “que el portero tenga aspecto intimidatorio. Muchas veces los reclutan en gimnasios”, indicó la responsable de UGT de Seguridad Privada, Elena Asensio.

“En la legislación debería constar la formación que deben tener, crear un examen de habilitación y que quede por escrito las funciones que pueden desempeñar”, indicó José Francisco Cano, secretario general de la Unión de Jefes y Directivos de la Policía Local (UNIJEPOL). En su opinión sería necesario que la Ley de Seguridad Privada recogiera la figura del personal de seguridad de locales de ocio, una profesión que ahora no existe.  

El portero que supuestamente agredió a Álvaro asumió competencias de seguridad al sacarle a la fuerza del local. “Es algo que ocurre habitualmente. En teoría, estas personas están para controlar la entrada de los locales, pero acaban asumiendo funciones de seguridad”, afirmó Cano. Si fueran realmente vigilantes de seguridad, tal y como recoge la normativa, deberían contar con una formación específica, ir uniformados, y realizar los exámenes correspondientes, que corren a cargo del Ministerio del Interior.

El conocido como caso Maremagnun (en el que dos porteros de una discoteca arrojaron al mar a un cliente y posteriormente fueron condenados por homicidio), fue el detonante de un decreto que delimita las funciones de estas personas en Catalunya.

El decreto de Controles de Acceso, aprobado en 2004, recoge por escrito cuáles son las funciones específicas de los porteros en locales nocturnos. Y entre las labores que tienen prohibido asumir se encuentran las de la seguridad. Sí pueden, en cambio, controlar el acceso o velar por el cumplimiento del derecho de admisión, entre otros.

Además, deben pasar un curso de 40 horas en el que estudian la Constitución, aprenden legislación sobre drogas, la regulación sobre la admisión de menores de edad y el derecho de admisión. El decreto prohíbe además que las personas con antecedentes penales por haber cometido delitos contra las personas o el patrimonio obtengan la habilitación necesaria para ejercer de personal de control.

Fran Olaya, responsable de una empresa que ofrece servicios de porteros en locales de Madrid y Barcelona, explica que sus empleados deben pasar por el curso de la Generalitat. Pero insistió en la necesidad de una reglamentación específica para la profesionalización del sector.

Su petición se suma a la de De Castro, el representante de los porteros de discoteca (ANPD), que ayer solicitó a la Comunidad de Madrid y a diferentes administraciones una regulación jurídica específica para “evitar abusos, ambigüedades, lagunas legales en el sector y demás efectos nocivos sobre el colectivo y los usuarios del servicio”.