El gobierno no de tragua en su campaña de criminalización y descrédito hacia los movimientos sociales. Desde que los grupos antidesahucios comenzaron su fase de escraches a diputados para que voten a favor de la ILP que ha impulsado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el PP se está empleando a fondo para relacional a la PAH con el entorno de ETA.

A las declaraciones en ese sentido que el lunes hacía la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, les han seguido las de el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, que ha respaldado este martes a Cifuentes, después de que afirmara que Stop Desahucios 'ha apoyado marchas en apoyo a presos de ETA', y ha agregado que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) 'lo único que hace es alentar a una izquierda radical que favorece e impulsa la violencia y que ha coqueteado en el pasado, e incluso en la actualidad, con otras organizaciones próximas al terrorismo.

En declaraciones a la Cadena Cope, Hernando señaló a primera hora de la mañana que 'no hay más novedades de momento' en relación con los casos de acoso a diputados del PP, pero ha denunciado que desde que la portavoz de la plataforma, Ada Colau, 'dijo que para obtener el resultado que ella quería en el Congreso en la tramitación de una ley, lo que había que hacer era acosar a los diputados, eso ha empezado a producirse de forma absolutamente intolerable, llegando a marcar las casas, llegando a perseguir a la gente por la calle'.

'El problema es que del linchamiento verbal es muy fácil pasar al linchamiento físico y cualquier tipo de violencia es absolutamente intolerable', ha destacado Hernando, al tiempo que ha indicado que los diputados ya han formulado las 'denuncias oportunas' ante lo que son 'procesos de acoso que constituyen delitos'. Lo cierto es que no se ha registrado ningún incidente en los llamados escraches de la PAH a sus diputados. Tan sólo se produjeron identificaciones a algunos de los presentes en los actos.

Por otra parte, el diputado popular ha opinado que 'la lucha callejera no es una novedad en este país' y ha añadido que ya se conoce 'quien lo ha utilizado'. 'El acoso al PP o acoso a determinadas formaciones políticas que no comulgaban con sus ideas no es una novedad, desgraciadamente', ha insistido.

'Lo que pido es que aquellos que dicen que defienden las cosas o quieren defenderlas de forma pacífica lo hagan de verdad porque ya sabemos que en su día había gente que justificaba la violencia. Nosotros sufrimos un proceso de acoso por parte de la izquierda radical entre el año 2000 y 2004, cuando se salía a la calle llamándonos asesinos. Espero que eso no vuelva', ha concluido.

Tras Hernando, las voces políticas conservadoras no han tardado en continuar hinchando la burbuja del desprestigio a un movimiento que desde el principio -hace ya 4 años- se autodefinió como pacífico y nunca ha practicado acciones violentas. Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, también ha salido a explicar lo que la delegada del Gobierno de su comunidad aseguró: 'esas declaraciones se han sacado de contexto' y 'nadie está vinculando' a las organizaciones antidesahucios 'con las actividades de grupos terroristas'. 'Creo que eso no lo ha dicho la delegada o no lo ha querido decir y creo que se ha sacado de contexto'. Sin embargo, califica de 'dato objetivo' la vinculación de la PAH con Bildu y Sortu.

Más allá ha llegado el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, al asegurar que 'el método del acoso, la coacción, la persecución y el insulto, incluso hasta el domicilio, es incompatible con la democracia y sólo sirve para retratar a quienes realizan esas prácticas y pierden la razón'.Según él, lo importante no es si tienen o no relación con el entorno de ETA, sino que los escraches 'no son compatibles con las reglas del juego democrático de nuestro Estado de Derecho'.

Con independencia de esa campaña de escraches de la PAH, el dirigente del PP ha querido dejar claro que su partido, a la hora de tramitar en el Congreso la iniciativa ciudadana (ILP) de la dación en pago y el proyecto de ley derivado del decreto ley contra los desahucios, va a dar respuesta a 'muchas' de las peticiones realizadas por parte de loa afectados pero también defenderá el interés general.

Precisamente este martes acaba el plazo para presentar enmiendas a la ILP que se tramitará junto con el proyecto del Gobierno. Un plazo que se ha ido ampliando semana tras semana hasta que el Tribunal de Justicia de la UE falló en contra de la ley hipotecaria española y calificó de 'abusiva' la legislación sobre desahucios en nuestro país.