Mientras Mariano Rajoy hace campaña diciendo que bajo su presidencia bajarán los impuestos, uno de los alcaldes de su partido hace justo lo contrario.

El regidor de Salamanca, Julián Lanzarote, aprobó ayer en un pleno municipal de lo más accidentado una fuerte subida de tasas que salió adelante por la mayoría absoluta con la que cuenta allí el PP.

Aunque su mensaje no comulga con el de su presidente nacional, desde Génova hacían lo posible por justificar a su representante territorial.

Soraya Sáenz de Santamaría recordaba que el alcalde salmantino se había plegado a la principal reinvidicación de sus ciudadanos porque había renunciado a incrementar el precio del autobús urbano, limitándolo finalmente al de la subida del IPC.

Pero, sobre todo, incidía en que la solución para evitar estas situaciones era "poner encima de la mesa la financiación local".

En opinión de la responsable de política autonómica y local del PP no tiene sentido que desde 1979 los ayuntamientos vayan asumiendo nuevos servicios y competencias y que, sin embargo, su capacidad presupuestaria haya aumentado tan sólo dos puntos porcentuales (del 11 al 13) frente al resto de las administraciones públicas.

El PP cree imprescindible abordar este tema cuanto antes para que "los ayuntamientos puedan prestar mejor servicio a los vecinos" y "evitar la asfixia y el olvido a los que se les ha sometido durante esta legislatura".

Sáenz de Santamaría aprovechó para criticar al gobierno socialista porque cada vez que su partido ha tratado de plantear este asunto ha obtenido la "callada por respuesta".

También recalcó que lo ocurrido en Salamanca no era un caso aislado, poniendo como ejemplo a León, gobernado por el PSOE.

Trató de no valorar la repercusión electoral que esta medida puede tener y prefirió centarse en hablar de la reducción del IRPF y de la subida de las pensiones que quiere llevar a cabo el PP. Garantizó que si "Rajoy promete bajar los impuestos, lo hará".

Las críticas
Su compromiso cae en saco roto para los miles de salmantinos que se han echado a la calle durante estos días para protestar por el aumento del impuesto de bienes inmuebles en un 16%, el de basuras en un 34% y el del agua en un 14%.

Para los representantes de los vecinos si hay una deuda superior a los 100 millones de euros será porque "algo habrá hecho mal el Ayuntamiento". A su juicio no se recauda más para mejorar los servicios sino para solventar esa situación.

Ayer en el pleno decisivo, donde se aprobaba la medida, se vivió una auténtica batalla campal. Los vecinos expresaron su descontento por lo que consideran algo desproporcionado e injusto, sobre todo cuando el consistorio no cobra deudas a distintos constructores por valor de 20 millones de euros.

El alcalde ordenó desalojar la sala. Los asistentes fueron expulsados a rastras y a empujones lo que dio lugar a escenas de fuerte tensión.

El PSOE cree que lo ocurrido demuestra "el cinismo de Rajoy que promete bajadas de impuestos mientras sus alcaldes los suben descomunalmente a las rentas medias y bajas".