El Congreso aprueba este miércoles día 20 la reforma de las pensiones y, de momento, el PP no ha aceptado ningún cambio y ha dejado cualquier posible modificación del proyecto de ley a la Comisión de Empleo, que al gozar de competencia legislativa plena enviará ese día el texto al Senado.

Así lo han explicado fuentes socialistas, precisando que en la primera reunión de la ponencia, que tuvo lugar el pasado lunes, sólo se incorporaron las ocho enmiendas de los conservadores, todas ellas de carácter técnico y que no suponen ningún cambio de calado en los aspectos principales de la reforma: la creación a partir de 2019 de un factor de sostenibilidad que vincule la cuantía inicial de la pensión con la esperanza de vida y la sustitución desde enero del IPC por un nuevo factor de revalorización que no esté ligado a la inflación.

No obstante, la ponencia volvió a reunirse brevemente este miércoles al finalizar el Pleno del Congreso, aunque la portavoz del PP en esta tramitación, Carolina España, informó al resto de formaciones de que no se plantearía ninguna transaccional a las enmiendas y que cualquier opción de acuerdo que pudiera surgir sería ya debatida en la Comisión.ç

Así las cosas, y a la luz de las negociaciones que el Gobierno también está manteniendo con los agentes sociales, el principal partido de la oposición duda de que se vayan a aceptar las exigencias que comparten todos los grupos salvo el PP, y que quedaron plasmadas en una moción conjunta rechazada por la mayoría absoluta de los 'populares' en el Pleno del Congreso.

Solo se han aceptado ocho enmiendas técnicas del Partido Popular

En concreto, exigen que se retire la reforma, que el año próximo se actualicen las pensiones al IPC (y no al 0,25% como consta en los Presupuestos) y que se negocie de cero, con calma y en el ámbito del Pacto de Toledo un nuevo proyecto de ley donde no sólo se abogue por el recorte y la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas sino también por una revisión de los ingresos de la Seguridad Social.

De hecho, muchas de las enmiendas presentadas por las diferentes formaciones de la oposición apuntan en esa dirección, con propuestas como sacar del sistema de la Seguridad Social las pensiones de viudedad u orfandad, elevar las bases de cotización o que sean los Presupuestos Generales del Estado los que carguen con los costes administrativos.

En cualquier caso, las formaciones de la oposición tampoco descartarían llevar el texto al Tribunal Constitucional (TC) en caso de que resulte aprobado con su redacción actual, al considerar que puede vulnerar el artículo 50, que obliga a los poderes público a garantizar, "mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica" de los jubilados.

De hecho, el año pasado el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, UPyD, PNV y parte del Grupo Mixto ya recurrieron conjuntamente ante el Alto Tribunal la decisión del Gobierno de no abonar la paga compensatoria a los pensionistas, que supone resarcirles por la diferencia entre el incremento aplicado desde principio de año en función del IPC previsto y la inflación registrada de forma efectiva en el mes de noviembre.

Es más, el portavoz del PNV en la materia, Emilio Olabarria, ha proclamado en todas sus intervenciones sobre este asunto que la reforma vulnera la Carta Magna, y su homólogo de CiU, Carles Campuzano, avisó hace unas semanas al PP de que si rompe el Pacto de Toledo y saca adelante en solitario la reforma, ésta durará lo que su mayoría absoluta, y no descartó un compromiso formal de todos los partidos en este sentido, similar al firmado respecto de la Ley Educativa.

Así, si sale adelante esta normativa podría repetirse la misma escena de hace un año, tal y como han advertido las fuentes socialistas consultadas que, no obstante, piden prudencia y no adelantarse a los acontecimientos hasta saber cómo concluye la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.