Este artículo se publicó hace 15 años.
El PP usó a los hijos de un dirigente en su anuncio del catalán
Los menores, dos de los ocho vástagos de su líder en Barcelona, aparecían esposados
Si la Fiscalía de Menores toma medidas contra el PP por usar de forma degradante la imagen de dos niños esposados en su anuncio en prensa del domingo contra la nueva ley catalana de educación difícilmente podrá contar con la complicidad de sus padres. Los protagonistas, un niño y una adolescente, son dos de los ocho hijos del presidente provincial del partido en Barcelona, Toni Bosch.
Así lo confirmaron a Público fuentes del PP catalán. Algunos no tenían inconveniente en confirmar que son los hijos del presidente provincial mientras que otros se limitaban a explicar que el padre era "alguien de la dirección", sin dar más detalles.
Un portavoz oficial no quiso, en cambio, ni confirmar ni desmentir este extremo pero sí se mostró tranquilo sobre la suerte que pudiera correr el asunto ante la Justicia después de que la Generalitat haya tomado cartas en el asunto para proteger los derechos de los menores. "Por ahí no nos van a pillar", sostuvo este portavoz después de reconocer que la fotografía había sido hecha ad hoc "por la agencia de publicidad".
Tampoco fue muy allá el propio Bosch que, en conversación con este periódico a última hora de la tarde de ayer, se mostró hermético y se limitó a asegurar que es un tema "secreto" que afecta a la "protección de datos".
Perfil ultraconservadorBosch, que lleva años en la dirección del partido, fue elegido a finales del año pasado presidente provincial de Barcelona ante el candidato crítico. En aquel congreso se dio la circunstancia de que, como su rival Santiago Gotor, Bosch es también notario y miembro del Opus Dei. De hecho, el vencedor del cónclave preside y es la cara visible de la Fundación Persona, dedicada a defender el modelo conservador de familia, y Gotor se cuenta entre sus fundadores.
El PP presentó ayer ante el Consejo Consultivo de la Generalitat su recurso contra el proyecto de la LEC, que basa en la "discriminación del castellano" y en que Catalunya se arroga más competencias de las que le corresponden.
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