El PP no logra que el Congreso debata la ilegalización de ANV antes de la disolución de las Cortes

La Diputación Permanente del Congreso ha rechazado hoy la petición del PP, sólo apoyada por este grupo, para que se convocara un pleno extraordinario antes de la disolución de las Cortes en el que la Cámara instara al Gobierno a ilegalizar ANV y PCTV por vulnerar la Ley de Partidos.

Al defender la iniciativa, ya rechazada por el Congreso hasta en cuatro ocasiones anteriores en una redacción similar, el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, ha afirmado que hoy era "la última oportunidad" para que los dos principales partidos enviaran a los terroristas un mensaje claro: "que vamos juntos a por ellos con todos los instrumentos del Estado de Derecho".

El resto de los grupos han vuelto a reiterar los argumentos ya expuestos en debates anteriores sobre el mismo asunto y han puesto el acento en que la Ley de Partidos no es el instrumento adecuado para la ilegalizar a ninguna fuerza política.

Zaplana ha insistido en que hoy "los secuaces de ETA, por errores del Gobierno", ocupan escaños en el Parlamento vasco y puestos en cerca de un centenar de Ayuntamientos pero "se está a tiempo de impedir que regresen" al Congreso, "donde reside la soberanía nacional".

El portavoz del PP ha considerado innecesario recordar los argumentos que "evidencian" la conexión entre ANV y ETA porque "se trata de algo que todo el mundo sabe a estas alturas".

Para Zaplana, la "equivocación" del Gobierno con ANV se demuestra en estos días cuando se anuncia la posibilidad de su ilegalización "filtrando supuestas investigaciones en busca de pruebas como si no hubiera suficientes".

En este punto, ha "brindado" al PSOE la oportunidad de recuperar el consenso que permitió la ilegalización de Batasuna y de "recuperar el prestigio" del Congreso, que "abrió la puerta a la negociación con los terroristas y es la que debe pronunciarse sobre la ilegalización de ANV".

A su juicio, no "sería razonable" que se ilegalizase ANV sin unidad, la que "propicia", ha dicho, el Congreso.

El portavoz del PSOE, Diego López Garrido, ha censurado a Zaplana que el PP haya estado toda la legislatura planteando asuntos como el hoy "alejándose de cualquier parámetro legal" y se ha sentido "enormemente" triste de que ese partido trate con tal "desprecio al Estado de Derecho, al imperio de la ley y a los procedimientos legales".

Hay que tener en cuenta la Constitución, el Código Penal y la Ley de Partidos, ha especificado López Garrido, quien ha defendido esta norma, muy criticada por otros grupos, al considerar que no criminaliza ninguna idea, sino que deja claro que una fuerza política que apoye al terrorismo no tiene cabida en democracia.

Además, ha hecho notar que las fuerzas y cuerpos de seguridad están indagando cualquier conexión entre ANV y el PCTV con ETA, Batasuna y su entorno y que existe una investigación abierta por el juez Baltasar Garzón y otra por la Fiscalía.

"Ustedes utilizan el poder judicial" y "abusan del Estado de Derecho", le ha recriminado a Zaplana, para recordarle que los demócratas no pueden obviar los debidos procesos legales, porque eso, entre otros aspectos, es lo que les diferencia de los terroristas.

También ha instado al PP a no utilizar la lucha antiterrorista "extramuros del Estado de Derecho".

El portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, ha destacado la "rara virtud" del PP de invitar al consenso mientras se dedica a ignorar a todos los demás y no habla con ninguna fuerza política de la política antiterrorista, argumento en el luego que han coincidido otros oradores.

Tras deplorar el uso partidista "hasta la náusea" de este asunto por parte del PP, Llamazares ha criticado nuevamente la Ley de Partidos, al entender que debilita la lucha antiterrorista.

Con la Ley de Partidos ha comenzado su intervención la diputada de EA Begoña Lasagabaster y ha sido para negar la mayor, en la medida en la que su partido no está de acuerdo con esa norma, que ha calificado como una instrumento muy deficiente y un grave error político.

Por el PNV, el diputado Emilio Olabarria ha abogado por una política antiterrorista mínimamente consensuada antes de reproducir las palabras de su antecesora en el uso de la palabra para incidir en que su grupo no va a apoyar ninguna actuación que dimane de la aplicación Ley Partidos, que permite "ilegalizar la disidencia política".

El portavoz de ERC, Joan Tardá, le ha dicho al PP su "discurso apocalíptico" no es rentable y ha cargado también contra la Ley de Partidos, una normativa que, según ha dicho, "cercena los derechos democráticos de los ciudadanos, tanto individuales como colectivos".

Tardá ha expresado la solidaridad de ERC con la izquierda abertzale y ha recalcado que cualquier actuación debe contar con la colaboración de las instituciones vascas de autogobierno vascas, si bien ha mostrado su apoyo al Gobierno si quiere resolver el conflicto.