El Estatut dAutonomia valenciano dice en su Preámbulo: "Aprobada la Constitución española, es, en su marco, donde la tradición valenciana proveniente del histórico Reino de Valencia se encuentra con la concepción moderna del País Valenciano, dando origen a la autonomía valenciana como integradora de ambas corrientes de opinión".

Parece evidente la voluntad del legislador respetada en la última reforma estatutaria (2005) de amparar la pluralidad de denominaciones para lo que oficialmente se conoce ahora como Comunidad Valenciana. En la práctica, sin embargo, no es así. Si algo ha caracterizado al PP valenciano en los años de su hegemonía han sido sus intentos nada sutiles de revocar la legislación vigente.

La etapa más dura, en ese sentido, fue probablemente la primera legislatura de Eduardo Zaplana (1995-1999). En esa época tuvo lugar, por ejemplo, la instauración de la censura previa en los manuales escolares de primaria y secundaria. El objetivo era eliminar términos como País Valencià o referencias explícitas a la comunidad lingüística catalana.

Hay que lidiar, entonces, con la lacerante paradoja de que un corónimo que figura en las siglas de los principales partidos de izquierda (PSPV, EUPV, ERPV), de los sindicatos mayoritarios (UGTPV, CCOOPV y STEPV), y de un sinfín de organizaciones sociales y culturales esté perseguido en la arena pública.

Tampoco hay que pensar, como creen algunos, que País Valencià sea un rótulo a la medida de los nacionalistas. Es un término habitual en el campo de la izquierda a lo largo del siglo XX, y de hecho en la Segunda República lo utilizaron los redactores de los tres proyectos de estatuto de autonomía existentes: el de la CNT, el de Esquerra Valenciana y el de Izquierda Republicana.

En el fondo, lo que no soporta el PP es la connotación de modernidad que tiene el término País Valenciano. Por eso la persecución no puede cesar.