Mouliaá: el castigo por denunciar la violencia sexual ante la justicia

Hace algo más de año y medio Elisa Mouliaá denunció al exdiputado Íñigo Errejón por agresión sexual. Hoy ella tiene una orden de detención vigente por no haber acudido a declarar en una causa paralela, aunque relacionada con su denuncia inicial.

Esto, que puede parecer una anécdota, ocurre lamentablemente con muchísima frecuencia en los juzgados de nuestro país. Mujeres que denuncian la violencia sexual o de género que padecen acaban muy a menudo embrolladas en procesos judiciales en los que el foco deja de ser la violencia denunciada y ellas acaban culpabilizadas y revictimizadas. La causa judicial, además, se suele completar con un juicio de la opinión pública, en el que el debate principal tampoco recae sobre el presunto agresor sexual o sobre las dificultades que tienen las víctimas para hacer públicas estas violencias, sino sobre el comportamiento, el escrutinio de quién denuncia las violencias. En el caso de Mouliaá, este escrutinio público y mediático hacia ella se ve avivado por el hecho de que ella es actriz, un personaje con perfil público.

En este sentido, el caso de Mouliaá (que ya no el caso Errejón), comienza a ser paradigmático. La avalancha de mensajes, insultos, amenazas y burlas que ha recibido la actriz y presentadora desde que decidió denunciar al expolítico es abrumadora. Cualquier aspecto de su vida, de sus decisiones, sus declaraciones o su carrera son comentados y cuestionados en redes sociales y en medios de comunicación. Una revictimización que ha hecho tambalear su decisión de seguir adelante con el juicio contra Errejón o que, como ella misma afirma, le ha arruinado personal y profesionalmente.

La Justicia como verdugo necesario

Paralelamente, la actuación de la justicia ha acompañado e incluso incitado este desprestigio público de la actriz y ha tenido un papel clave para esparcir el terror de otras víctimas a dar el paso de denunciar. El interrogatorio al que sometió el juez Carretero a Mouliaá en enero de 2025, abundó en la idea de mostrar a una falsa víctima. Algunas de las frases vertidas por el juez levantaron mucha indignación. "¿No será que usted quería algo con ese señor, y al no corresponderle ese señor por eso ahora le denuncia?" o "es que no entiendo porqué se situó violentada". El tono y el contenido impulsó a miles (13.000 en solo 24 horas) de personas a elevar una queja ante el CGPJ contra el juez.

El último episodio en el que se ha visto envuelta Elisa Mouliaá ha sido la querella presentada por Errejón contra ella por supuestas calumnias contra él vertidas por la actriz en sus redes sociales, en las que insinuó que Errejón había extorsionado a un par de testigos que primero se alinearon con ella y luego con la postura del expolítico.

Esta querella no forma parte de la pieza principal en el juicio por agresión sexual presentado por Mouliaá contra Errejón, sino que es una pieza aparte y que ha recaído en un juzgado distinto y sobre los hombros del juez Arturo Zamarriego. Es como si fuera un nuevo juicio, con sus antecedentes separados de la violencia sexual que denunció y una nueva forma de poner el foco sobre ella. Zamarriego le negó la posibilidad de declarar a distancia por videoconferencia, cosa que diversas juristas han criticado. Por ello, al estar fuera de España por temas laborales, decidió no presentarse ante el juzgado. Era la tercera vez que afirmaba no poder hacerlo en persona. En esta última el juez decretó su detención.

Terror al calvario

En enero de este año (2026) otra supuesta víctima de Ínigo Errejón tomó la decisión de denunciarlo. Pedía que su nombre permaneciera en el anonimato y su identidad protegida. Poco después de presentar la denuncia decidió no personarse para ratificarla. La falta de garantías sobre mantener su identidad anónima y el terror a pasar un calvario como el que estaba viviendo Mouliaá pesaron más que la decisión de denunciar las violencias sexuales sufridas. Desde las instituciones se insiste una y otra vez a las mujeres a que denuncien, sin embargo, organismos como la Justicia funcionan en muchas ocasiones como un órgano más enfocado a disciplinar a las mujeres que a protegerlas, cuando deciden dar el paso de denunciar. Por eso, la inmensa mayoría desiste.

Según la macroencueta sobre violencia de género del Ministerio de Igualdad, más del 90% de las mujeres que han sufrido violencia sexual deciden no denunciar. Entre los principales motivos para no hacerlo figuran la vergüenza y el miedo a no ser creídas. Las historias de largos procesos judiciales en las que ellas acaban siendo el foco del proceso funciona como el cuento de Caperucita y el lobo: a las mujeres les da pocas ganas de meterse en el bosque.