Avalancha de quejas al CGPJ por la conducta machista del juez Carretero: 13.000 en 24 horas

La enorme indignación suscitada por el interrogatorio del juez Adolfo Carretero a la actriz Elisa Mouliaá en el juicio abierto tras la denuncia por agresión sexual, presentada por la actriz, contra Íñigo Errejón, se ha traducido en un incremento masivo de quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según ha podido saber Público, la cifra ya superaría las 14.000, lo que supone un aumento de 13.000 en menos de 24 horas.

Ante la avalancha de reclamaciones que se empezaron a registrar después de que trascendieran las imágenes del interrogatorio plagado de preguntas revictimizantes –tal y como las han definido diferentes expertas–, el CGPJ reaccionó este miércoles abriendo una diligencia informativa, gestionada por el magistrado Ricardo Conde, promotor de la Acción Disciplinaria. Este procedimiento, aunque no supone por sí mismo la apertura de un expediente disciplinario, es el paso inicial para determinar si la conducta de Carretero vulneró los principios éticos y deontológicos que rigen la magistratura. Es decir, que deliberará si se le abrirá o no.

Diversas voces han señalado que tanto el tono empleado como el tipo de preguntas formuladas por Carretero no solo evidenciaron un sesgo machista, sino que además perpetúan un modelo de justicia patriarcal que desincentiva a las víctimas a denunciar. La propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, puso esto de relieve en sus redes sociales.

El comportamiento del magistrado generó desde el principio una importante movilización social. El CGPJ había recibido ya a fecha de este miércoles más de 900 quejas, algo completamente inusual, tal y como han explicado a este medio desde la institución.

Sus vínculos con el PP y la imputación a Dani Mateo

El historial de casos mediáticos y controvertidos que ha llevado Carretero es amplio. El magistrado mantuvo imputada durante un año a una periodista de la Cadena Ser que instruyó los seguimientos a Ignacio González en Colombia. Los mismos que permitieron la posterior apertura de la Operación Lezo. En 2018, Carretero estuvo al frente de la causa abierta contra el cómico Dani Mateo, investigado por un sketch en el que simulaba sonarse la nariz con la bandera de España. Aunque, finalmente, la querella quedó archivada, el proceso deslizó algunos de sus sesgos más nacionalistas. El polémico magistrado se dispuso a investigar también en febrero de 2020 el caso Delcygate, sobre la estancia de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas y su encuentro con el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Y está a cargo del caso de las mascarillas fraudulentas en el Ayuntamiento de Madrid –bajo el mano de José Luis Martínez-Almeida– durante la pandemia, en el que están implicados Alberto Luceño y Luis Medina. Además, es hermano de Agustín Carretero, un ex alto cargo del Gobierno regional de Madrid en las Administraciones de Esperanza Aguirre e Ignacio González. En concreto, desempeñó el cargo de dirección de la Academia de Policía de Madrid y fue director de Justicia de la Comunidad madrileña.