La historia comienza recién decretado el confinamiento por la pandemia, el 14 de marzo de 2020. En un contexto de miedo, incertidumbre, contagios y muertes, urgía que el Estado y las comunidades armaran contra la covid a los hospitales y a los demás servicios públicos esenciales. Aprovechando la necesidad de adquirir mascarillas y otros productos de protección, dos avispados oportunistas idearon un plan para ganar dinero. Mucho dinero. 

Buscando el 'pelotazo de oro', el oportunista número uno, Luis Medina Abascal, marqués de Villalba, hijo del difunto duque de Feria y de la exmodelo Naty Abascal, llamó por teléfono en aquellos días del inicio de la pandemia a un conocido suyo, Alberto Luceño Cerón, con el que intentó en el pasado, sin éxito, forjar algún negocio de comercio internacional y al que le pidió que se encargara del marketing de una empresa de moda que había creado, sin demasiado acierto. 

Sobre quién llamó primero a quién hay discrepancias entre los dos protagonistas: Medina señala a Luceño y viceversa. Lo que está claro es que ambos se pusieron de acuerdo para que, utilizando los contactos y la influencia del aristócrata, como dice la Fiscalía en su querella, lograran contactar con alguna administración pública para ofrecerse, por su supuesta experiencia en comercio internacional, a ayudar en la adquisición de material sanitario contra la covid. 

Luis, "el facilitador"

De hecho, Medina, que se autocalificó de "facilitador" ante el fiscal, llegó a hacer alguna gestión entre sus conocidos de los gobiernos murciano y andaluz, ambos del Partido Popular, según consta en el sumario, pero fue el Ayuntamiento de Madrid el primero en hacerle caso. El aristócrata llegó hasta el consistorio de la mano de la directora de The College for International Studies, María Díaz de la Cebosa, según él mismo declaró en marzo de 2021 ante el fiscal. "Ella me dice: "Luis, yo conozco a Carlos, el hermano del alcalde. Me da su número y este me pasa el contacto de la persona del ayuntamiento", dijo Medina. El fiscal considera que el tal Carlos es en realidad el primo de José Luis Martínez-Almeida y el alcalde así lo ha corroborado.

Esa persona del Ayuntamiento de Madrid es Elena Collado, que ya declaró como testigo ante el fiscal hace un año y lo hará el 8 de mayo ante el juez del caso, Adolfo Carretero. Collado es la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. A partir de ese momento, Medina pasó el relevo a Alberto Luceño para que fuera él quien negociara con la funcionaria del consistorio madrileño. 

Así de fácil; el cóctel que facilitaría el pelotazo estaba servido: un buen contacto, una necesidad imperiosa y una falta de diligencia para comprobar la profesionalidad de quienes se ofrecían casi altruistamente en medio de una pandemia a ayudar a su país. Alberto Luceño se llevó algo más de cinco millones de dólares y Luis Medina, un millón. Un dinero público derrochado.

Segunda fase: entra en juego Luceño

Según la declaración de Luis Medina, él se apartó del asunto en el momento en el que facilitó el contacto de Elena Collado a Alberto Luceño; de hecho, aseguró que jamás llegó a hablar con la empresa malasia [Leno] que acabó vendiendo mascarillas, test y guantes de una fábrica china al Ayuntamiento de Madrid. "Me dijo [Luceño] que ya me avisaría para decirme cuánto era mi comisión", declaró. En otro momento le dijo al fiscal que Luceño era muy celoso de sus contactos en Leno y que el pacto al que llegó con él fue que la comisión sería repartida "a partes iguales" entre Luceño, la empresa Leno y él mismo.

"Un tercio para cada uno" era el pacto de las comisiones, según Medina, algo que su socio, que acabó llevándose casi seis veces más que él, desmintió ante el fiscal. Luceño defendió su trabajo como agente autorizado de Leno y se atribuyó ante el fiscal todo el mérito por haber logrado que el consistorio firmara aquellos contratos, mientras que su socio no tuvo mayor papel y por eso su comisión fue inferior. 

Alberto Luceño actuó como correa de transmisión entre el ayuntamiento y la empresa Leno. Elena Collado jamás habló con nadie de la mercantil malasia, según ha declarado. Todos los pasos que dio en la gestión de los tres contratos fue a través de los propios intereses de Luceño. La funcionaria se conformó con los precios que el comisionista le facilitó en nombre de Leno, en aquel contexto de pandemia y de desabastecimiento de los mercados. Los precios, como indica la Fiscalía Anticorrupción, fueron inflados hasta más de doble para obtener de aquel sobreprecio las comisiones que se llevarían Luceño y Medina.

Por ejemplo, cada mascarilla le salió al consistorio por 6,6 dólares; cada par de guantes, en un principio, a dos dólares y cada test, a 17 dólares. Los guantes finalmente costaron casi 4 céntimos; una rebaja sustancial por haber servido la empresa unos de peor calidad a los pactados. La propia Elena Collado, al comprobar los guantes que llegaron a Madrid, exclamó: "Nos han estafado". 

Además Elena Collado ni siquiera preguntó a Luceño cuál era su objetivo en aquella operación que tantas horas les llevó a ambos, como se desprende de los whastApp entre ellos, aportados a la causa. El comisionista ha negado ante el fiscal que alguien del ayuntamiento conociera los porcentajes que estaban en juego para él: entre el 44,85 y el 49,41% del valor de los contratos. Comisiones que él dice que fueron fijadas por la empresa. "Yo soy un agente de la empresa vendedora", algo que el juzgado tiene difícil de comprobar ante la falta de colaboración del representante de Leno, San Chin Choon.

Medina, sorprendido, declaró ante la pregunta del fiscal sobre si el consistorio conocía las comisiones: "Entiendo que suponen que la gente no trabaja gratis". Por su parte, Luceño se presentó ante Elena Collado como "la persona que ayuda y dona", añadiendo además que él no era parte vendedora ni intermediario. Y la funcionaria confesó que no le preguntó y que dio por hecho que el tema económico lo pactaría Luceño con la empresa Leno. Y razón no le faltaba.

El comprometido aval del alcalde

La supuesta negligencia del Ayuntamiento de Madrid por no comprobar los intereses ocultos de ambos comisionistas en un contrato de tanta envergadura, casi 12 millones de dólares de las arcas públicas, podría tener su explicación en un posible trato de favor que supuestamente habrían recibido  el aristócrata y su socio. Porque además de fraguarse el contrato en días, poco después de que Medina contactara con el primo del alcalde, este firmó una carta de recomendación, como desveló Público, para que Luceño pudiera intermediar en la venta de mascarillas ante las autoridades chinas. Según el ayuntamiento, no fue un aval sino un salvoconducto, pero la declaración de Elena Collado en este sentido desmiente esa versión oficial, según ha podido comprobar este diario. 

Una sospechosa donación

Luceño y Medina hubieran pasado a la historia, de no haberse destapado el escándalo, como los más importantes donantes de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid: 238.000, como indicó el alcalde en una carta de agradecimiento a los dos comisionistas. Pero, ¿pagaron Medina y Luceño las mascarillas que supuestamente donaron? Según los movimientos de sus cuentas, escudriñados por la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción, no, no pagaron ni un céntimo. Ante esta cuestión, Medina declaró que supone que Luceño lo ajustaría con la empresa Leno para que esa donación saliera de las comisiones de ambos. 

Lo cierto es que el interés de Alberto Luceño porque 50.000 de esas mascarillas -- la única cantidad que Leno reconoce como donación de los dos españoles, según los documentos de la mercantil que obran en la causa --acabaran en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, donde trabaja su esposa como nefróloga fue una constante en los mensajes que cruzó con Elena Collado. "Es muy importante para mí", llegó a decir. Luceño impuso sus condiciones y a todas accedió el Ayuntamiento.

Y como broche de oro a aquel mayúsculo pelotazo, la llamada del alcalde. El 26 de marzo de 2020, cuando se estaban ultimando los tres contratos y sus respectivas comisiones, Almeida llamó a Luis Medina para agradecerle su  donación, según han confirmado ambos. 

El ayuntamiento no denunció la estafa

El 3 de noviembre de 2020, es decir, ocho meses después de que se produjera la presunta estafa, la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar la denuncia que le llegó del Servicio Antiblanqueo, el Sepblac, por las elevadas comisiones de Luceño y Medina. La noticia llegó al ayuntamiento a través de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, con la que se firmaron los contratos con Leno. Es decir, el alcalde y su equipo conocían desde finales de 2020 que Anticorrupción investigaba aquellos tres contratos. ¿Por qué no se denunció entonces la estafa y se ha esperado a que la fiscalía presentara una querella, 17 meses después?