El historial del juez Carretero, responsable del duro interrogatorio a Mouliaá y de imputar a Dani Mateo

Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, lleva en el foco mediático desde que este lunes se filtraron a la prensa las grabaciones de las declaraciones de Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón del pasado jueves 16 de enero. La actriz y el expolítico estaban citados para testificar tras la denuncia por agresión sexual interpuesta por Mouliaá contra el exportavoz de Sumar en el Congreso. Ambos ratificaron su versión de los hechos ante el magistrado. Errejón, que llevaba alejado de la vida pública desde su dimisión, se declaró inocente. La presentadora volvió a relatar los episodios de violencia recogidos en el escrito de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en octubre de 2024. Lo hizo bajo un interrogatorio inquisidor, revictimizante, que las expertas han calificado como un caso flagrante de "maltrato institucional" y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya investiga tras haber recibido más de 900 quejas en relación a la actuación de Carretero. No es, sin embargo, la primera vez que el juez inunda titulares, conversaciones y timelines.

Su relación tangencial con el PP

Un aspecto que cabe destacar y tener en cuenta de su perfil personal y profesional es su vínculo familiar con altas esferas de la derecha político-judicial. Su hermano, Agustín Carretero, fue un alto cargo del Gobierno de la Comunidad de Madrid bajo las Administraciones de Esperanza Aguirre e Ignacio González. En concreto, estuvo al mando de la dirección de la Academia de Policía madrileña y fue director de Justicia. Por otro lado, el padre de sus hermanos, antiguo magistrado del Tribunal Supremo, participó en la investigación del caso Filesa, escándalo de financiación ilegal que afectó al PSOE. Carretero mantuvo, además, un año imputada a una periodista de la Cadena Ser que instruyó los seguimientos a González en Colombia. Los mismos que permitieron la posterior apertura de la Operación Lezo.

De Dani Mateo al 'Delcygate'

El historial no acaba ahí, pues, en 2018, Carretero estuvo al frente de la causa abierta contra el cómico Dani Mateo, investigado por un sketch en el que simulaba sonarse la nariz con la bandera de España. Si por algo destacó este caso, considerado por muchos como una amenaza a la libertad de expresión, fue por la celeridad con la que el magistrado aceptó tramitar la denuncia impulsada por la organización ultranacionalista Alternativa Sindical de Policía. Aunque, finalmente, la querella quedó archivada, el proceso deslizó algunos de sus sesgos. En la resolución del archivo, Carretero subrayó que no se podía rechazar la denuncia de plano, ya que sonarse "los mocos con la bandera de España", aunque se pretenda "hacer en un contexto humorístico" son "per se actos denigratorios". Con "el humor también se puede ultrajar e injuriar a personas y símbolos", añadió.

El polémico magistrado se dispuso a investigar en febrero de 2020 el caso Delcygate, sobre la estancia de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas y su encuentro con el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Carretero llegó a apreciar los indicios de prevaricación que denunciaba el PP –entonces bajo el ala de Pablo Casado–, si bien finalmente el caso fue archivado por otro juzgado que también lo investigaba.

Un año después, Carretero absolvió a un hombre que disparó a un joven con una pistola de aire comprimido mientras lo insultaba en términos homófobos y racistas, tal y como avanzó El Plural. Para sorpresa de pocos, el juez consideró que los insultos estaban "justificados" dentro del contexto de una "disputa", lo que generó un gran rechazo, sobre todo entre colectivos defensores de los derechos LGTBIQ+. A pesar de dar como hechos probados que el agresor llamó "moro de mierda" y "maricón" a la víctima mientras le agredía, el magistrado rechazó calificar el episodio como un delito de odio homófobo porque el victimario "no conocía la orientación sexual del agredido".

A cargo del 'caso mascarillas'

Este magistrado también está a cargo del caso de las mascarillas fraudulentas en el Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia, en el que están implicados Alberto Luceño y Luis Medina. Dicho proceso, que supone el posible desfalco de fondos públicos destinados a la compra de material sanitario, está todavía pendiente de la fecha de juicio. Tal y como explicó en este artículo Ana María Pascual, Carretero imputa a Luceño, al que considera como el "verdadero gestor del negocio criminal", un delito fiscal agravado en más de 120.000 euros y otro delito de falsedad en documento público. Desde los primeros momentos de la investigación, en cambio, ni el juez y la Fiscalía quisieron profundizar en la posible responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid –bajo el mando de José Luis Martínez-Almeida (PP)–, que abonó casi 12 millones de dólares a una empresa de Malasia por la compra del material sanitario, con la que jamás cruzó una palabra o un mail si no fue a través del comisionista Luceño –al que el alcalde avaló por carta ante el Gobierno chino para que intermediara–, como adelantó Público en exclusiva.

El hecho de que el CGPJ estudie expedientarle tras las críticas recibidas por su actuación durante el interrogatorio repleto de preguntas machistas a Elisa Mouliaá podría marcar un punto de inflexión en su carrera, ya amplia y no exenta de críticas. La indagación deberá valorar si vulneró los principios deontológicos de la magistratura.