El PP balear se personará como acusación en el "caso Bomsai" de supuesta corrupción y en el accidente de tren de Sineu, y estudia hacerlo también en el "caso Ibatur" abierto hace unas semanas, que aún permanece bajo secreto sumarial.

Así lo ha afirmado a los periodistas el abogado del PP y ex fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, quien ha registrado hoy en el juzgado de instrucción 3 de Palma la petición del PP de personarse como acusación particular en el "caso Palma Arena", por considerarse parte perjudicada.

Gordillo ha dicho que el PP se personará también como acusación en el "caso Bomsai", causa en la que se investiga el supuesto desvío de fondos en la adjudicación de obras públicas por parte del gobierno autonómico del PP en la pasada legislatura, principalmente del nuevo parque de bomberos de Palma y de la nueva sede de la Conselleria de Salud.

Por este caso, el PP suspendió de militancia a dos ex directores generales del Govern de Matas en libertad bajo fianza, Jorge Sainz de Baranda y Joan Pol, mientras que el ex conseller de Economía Lluís Ramis de Ayreflor se dio de baja del partido al serle impuesta una fianza penal.

Gordillo ha anunciado que el PP se personará asimismo, esta vez como acusación popular en defensa de los ciudadanos, en la investigación de las causas del accidente de tren ocurrido el pasado mayo en Sineu, en el que resultaron heridas varias personas, algunas de gravedad.

El ex fiscal ha asegurado que el partido está estudiando hacer lo mismo, una vez levantados los secretos sumariales, en una causa abierta contra la gerente del Consorcio de la Playa de Palma, Margarita Nájera (PSOE), y en la última causa de corrupción en las islas, el "caso Ibatur".

En este último caso, que se empezó a investigar hace meses y se abrió hace unas semanas con la detención de varias personas, se investiga un supuesto desvío de fondos del instituto Balear de Turismo (Ibatur) durante la pasada legislatura del PP.

El PP aceptó las bajas de militancia de los directores del Ibatur en la pasada legislatura, Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern, a quienes el juez impuso sendas fianzas penales.