Cuando faltan sólo 24 horas para que el Consejo de Ministros apruebe una de las reformas más importantes de la historia del sistema financiero español, el Gobierno tiene muy complicado conseguir el consenso que busca. Sólo el PNV está prácticamente decidido a darle su apoyo, y Coalición Canaria es fácil que también lo haga. El resto de grupos con los que mantiene conversaciones sigue reticente porque o no le gusta la fórmula elegida para fortalecer a las entidades, o no está de acuerdo con los plazos para salir a Bolsa, o bien cree que debe concretarse más la definición de solvencia (core capital). Con el apoyo de PNV y CC tendría suficiente para ratificar el decreto ley en el Congreso, aunque el propósito es lograr un acuerdo mayoritario.

El PP, que ha secundado todas las reformas anteriores del sector financiero, no está de acuerdo ni entiende que se haya cambiado de rumbo de forma tan abrupta y se exija ahora más capital a las entidades (y con diferencias entre bancos y cajas) en lugar de premiar los saneamientos, como se había hecho en los últimos meses. Los representantes del PP en materia económica, Cristóbal Montoro, Álvaro Nadal y Fátima Báñez, se reunieron ayer con la ministra Elena Salgado para intentar llegar a un acuerdo. No lo consiguieron.

CiU defiende ampliar el plazo para la recapitalización

El PP tiene una dura batalla abierta en esta pelea especialmente impulsado por sus representantes gallegos, dado que esta reforma deja en especial mal lugar a Novacaixagalicia. Así lo reconoció ayer el consejero de la entidad y presidente de la Cámara de Comercio de Vigo, José García Costas, para quien este cambio 'dramático' de las reglas de juego están dejando a la caja en una situación 'realmente dificilísima'.

Otro de los grandes temas que está dificultando el consenso es el plazo que se va a dar a las cajas para recapitalizarse, es decir, para convertirse en bancos y salir a Bolsa. Inicialmente deberían hacerlo antes de septiembre, pero desde CiU están peleando a muerte por ampliar este plazo. Es la misma petición que han trasladado al Ministerio Isidro Fainé y Rodrigo Rato desde su posición de presidente y vicepresidente de la CECA. En ello coincide el PP, que cree que es burocráticamente imposible llegar a tiempo a ese plazo.

Aun así, el Gobierno no pretende ceder demasiado en este aspecto y sólo acepta que puedan ejecutar las salidas a Bolsa algo después de septiembre (como mucho hasta final de año), pero siempre que a la vuelta del verano hayan iniciado los trámites. Salgado insistió ayer en el Congreso en que el plazo de septiembre 'sigue siendo definitivo', aunque admitió que las autoridades serán 'razonables' en su aplicación. Precisamente, en este apartado tienen enfrente a la banca, que considera que debería resolverse antes este problema en lugar de dejarlo empantanado otros ocho o nueve meses.

La Asamblea de la CECA pasa de puntillas sobre la reforma del sector

Otro gran frente que mantiene el Gobierno, en este caso especialmente con la CECA, es sobre la definición de core capital (el ratio que mide cuánto pesa el capital sobre el riesgo que asume la entidad). Cuantos más instrumentos se puedan incluir en el cálculo de la solvencia más fácil será llegar a los mínimos que se fijen. Salgado no está dispuesta a apearse de su intención de fijar en el 10% el mínimo para las entidades no cotizadas, pese a que partidos como CiU están muy peleones contra la diferencia marcada entre bancos y cajas.

También está en debate el plazo en el que estará presente el Estado en el accionariado de las cajas nacionalizadas. El Gobierno tiene claro que es un máximo de cinco años, aunque la intención es no prolongarlo más allá de los dos años. El tiempo definitivo dependerá del número de entidades a las que tenga que salvar, de los posibles compradores y de la necesidad de saneamiento. En el caso de CCM y Cajasur se hizo en unos meses, pero en este caso es previsible que se prolongue durante más tiempo.

El ruido político y la rudeza de las negociaciones contrasta con la laxitud que mostraron ayer las cajas en la Asamblea de la CECA. Con la que está cayendo, sólo intervino Mauro Varela, copresidente de la caja gallega, en el turno de ruegos y preguntas para defender el papel de las cajas. 'Menos discutir sobre si el core ha de ser del 12% o del 33% y más reflexión sobre el verdadero papel que tienen que tener las cajas', dijo. Asistentes a esta reunión aseguraron que la Asamblea estuvo 'totalmente alejada de la realidad'. Fainé reconoció que es probable que no consigan muchas de sus peticiones.

Plazos de salida a Bolsa

El Gobierno planteó que en septiembre deberían haber conseguido el capital necesario todas aquellas entidades que estuvieran por debajo de la solvencia mínima requerida. Los partidos y las cajas piden que se les dé hasta seis meses más de plazo porque si no habría una avalancha de colocaciones y tendrían que tirar los precios para poder atraer inversores.

‘Core capital'

El Ejecutivo ha marcado el 8% como mínimo para todas las entidades y el 10% para las que no coticen. Sus interlocutores le reclaman que haya una cifra única o que, al menos, se rebaje ese 10% para que no haya una discriminación tan brutal entre bancos y cajas. Es poco probable que lo consigan.