Las preferentes se cuelan en la precampaña en Galicia

"No descansaremos hasta encontrar una decisión justa para todos los que fueron engañados". A contrarreloj y con la mirada puesta en las elecciones autonómicas a la Presidencia de la Xunta de Galicia, que se celebran el 21 de octubre, Alberto Núñez Feijóo se comprometía en estos términos hace unos días con los más de 43.000 clientes de Novagalicia Banco afectados. El PSdeG alerta de que los ahorradores pueden perder "hasta el 70% de su dinero" y pide al Ejecutivo gallego que "presione" a Mariano Rajoy. Solo en Galicia, las ahora fusionadas Caixanova y Caixa Galicia comercializaron 961 millones en participaciones preferentes y obligaciones subordinadas perpetuas. Ambos son productos complejos destinados a inversores, pero que se vendieron de forma indiscriminada entre los pequeños ahorradores.

Tan pronto como estas víctimas del corralito financiero dieron la voz de alarma, el Gobierno gallego abogó abiertamente por la vía del arbitraje para acabar "con la mala praxis" de bancos y cajas. La Xunta considera que, de este modo, las familias afectadas "podrán recuperar sus ahorros de manera gratuita y en un corto periodo de tiempo". Explican desde la Consellería de Economía que con la fórmula del arbitraje "se emiten laudos con el mismo valor que una sentencia judicial firme, se lleva a cabo por árbitros que son personal al servicio de la Administración pública, licenciados en Derecho, que actúan con total imparcialidad, objetividad e independencia". Según los cálculos del Ejecutivo, hasta el pasado día 14 se habían emitido "850 laudos, todos positivos".

Más cautos se muestran con la medida en la Asociación de Usuarios de la Banca (Ausbanc), que recomienda a los afectados que se piensen "mucho" recurrir al arbitraje. El delegado de Ausbanc en Galicia, Jesús Garriga, considera que esta vía "no es recomendable para todos los casos". Y se la desaconseja abiertamente a ahorradores que hayan contratado "varios productos financieros" o a aquellos que invirtieran en preferentes "sumas importantes".

En la práctica, para dejar sin efecto el contrato "a perpetuidad", los ahorradores deben demostrar que la entidad financiera no informó adecuadamente a los potenciales clientes de la complejidad del producto, como era preceptivo. Por si fuera poco, no todos los "engañados" cobrarán. Bruselas determinará la cantidad máxima que Novagalicia Banco puede devolver. De momento el presidente de la entidad, José María Castellano, es el único que se ha atrevido a dar un porcentaje de afectados que podrán acogerse al arbitraje: un exiguo 30%.

"¿Qué va a suceder con el resto?". Cristina Fernández es la portavoz del colectivo de afectados de A Mariña lucense. Ahora experta en activos tóxicos. Hasta noviembre, sus padres ignoraban que habían invertido 18.000 euros de sus ahorros en participaciones preferentes. En mayo de 2009, la subdirectora de una oficina de Caixa Galicia les aseguró que obtendrían una rentabilidad "del 6%" si en lugar de optar por "un plazo fijo" se decantaban por poner su dinero en un producto garantizado y que vencía "en tres años". Por descontado, les garantizaba liquidez "inmediata". "En noviembre pasado, mi padre fue a preguntar si había comprado preferentes y le dijeron que no. Y no desconfió. Lo han engañado dos veces".

No son los únicos estafados. En A Mariña hay personas que compraron 160.000 euros en participaciones preferentes y en deuda subordinada. "Hay algunos casos que son sangrantes: un padre que ahorró durante años la pensión de su hija minusválida; un taxista vendió la licencia, tras jubilarse, y en su banco le aconsejaron dónde debía invertir. Algunas personas en estos momentos están en el paro y ven con impotencia que no pueden tocar su dinero", continúa. Es por todo ello por lo que Cristina reclama "hechos". "No quiero que se haga utilización política de nuestro problema. Tanto el PP, como el PSOE y el BNG estaban en los consejos de administración de las cajas cuando se cometió este engaño. No me valen promesas políticas, sino resultados", zanja.

La vía judicial es otra alternativa, aunque más lenta, para tratar de recuperar los ahorros. De momento, ya se ha emitido una sentencia favorable. En julio, una jueza de Cambados (Pontevedra) obligó a Novagalicia Banco a reintegrar una inversión en preferentes porque "el cliente no fue informado de forma directa y comprensible de las características del producto contratado". También la Fiscalía Superior de Galicia se ha decantado por presentar una demanda civil colectiva contra la entidad. No obstante, si prospera, cada cliente deberá reclamar "de forma individual". Un recorrido que puede llevar hasta dos años. Una eternidad en tiempos de incertidumbre.