Marta Ruiz es experta en paraísos fiscales y en análisis de flujos financieros Norte-Sur de Eurodad, una red de 54 ONG de 16 países europeos que trabajan sobre cuestiones relacionadas con la deuda, la financiación del desarrollo y la reducción de la pobreza.

¿Qué respuesta ha tenido la carta que enviaron al secretario general de la OCDE, Ángel Gurría?

Pedimos al señor Gurría que la OCDE dé prioridad a que las multinacionales presenten cuentas desglosadas país por país. Eso permitiría identificar los casos de mispricing, o evasión vía manipulación de precios en las transacciones entre empresas de un mismo grupo. Se estima que ese abuso de los llamados precios de transferencia representa una pérdida de ingresos fiscales de unos 160.000 millones de dólares anuales para los países en desarrollo, vía paraísos.

También pedimos más transparencia y mejor representación de los países en desarrollo en los procesos lanzados por la OCDE. Como respuesta, recibimos una carta reiterando que se invitará a las ONG a un grupo. Nos alegramos, y esperamos que tenga relevancia política, con propuestas ambiciosas y concretas. Del resto, no recibimos respuestas concretas.

La OCDE y el G-20 son muy optimistas sobre el fin de los paraísos. ¿Comparten ese optimismo?

Lamentablemente, las declaraciones no han venido acompañadas de medidas igualmente ambiciosas, y estamos muy lejos del tan anunciado fin. El sistema de listas y el mecanismo de revisión tienen muchas lagunas. Además, el enfoque de la OCDE, basado en acuerdos bilaterales, tiene muchas limitaciones. El intercambio de datos fiscales previsto es a la demanda y no automático, lo cual dificultará mucho la obtención efectiva de la información.

¿Cuál es el principal defecto en el previsto mecanismo de 'revisión por los pares' de los convenios fiscales, como lo llama la OCDE?

La falta de transparencia del proceso es muy preocupante. Sólo serán publicados los informes de evaluación que hayan obtenido el consenso del equipo de revisión, en el que están paraísos fiscales, y del Foro puesto en marcha por laOCDE. Además, las respuestas de las jurisdicciones evaluadas serán confidenciales. En segundo lugar, el mecanismo ignora la preocupación de que también los países pobres se beneficien de los convenios de cooperación fiscal: se limita a evaluar los convenios entre paraísos y grandes economías. Por último, pese a que la OCDE repite que quiere incluir a la sociedad civil en sus mecanismos de revisión por los pares, no parece tenerlo en cuenta cuando se trata de transparencia fiscal. Hay un aspecto matizadamente positivo. La OCDE ha aceptado que en el mecanismo de revisión se incluyan criterios de evaluación de los trusts, instrumentos de alta opacidad.