El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, pidió ayer al Congreso que otorgue al Gobierno nuevos y más amplios poderes regulatorios para intervenir instituciones financieras no bancarias afectadas por la crisis y que pongan en riesgo al conjunto de la economía. Se trataría de evitar así escándalos como el de la aseguradora AIG, en la que el Gobierno ha tenido poco margen de maniobra para intervenir e incluso debió recurrir a una ley para frenar el reparto de bonus multimillonarios a sus directivos.

La petición, que no tiene precedentes, fue respaldada por el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, en su comparecencia conjunta ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, en medio de la controversia por los 165 millones de dólares en primas que American International Group (AIG) pagó a sus directivos.

El objetivo es que el Departamento del Tesoro pueda actuar en aseguradoras o fondos de inversión, bien haciéndose con su control o detectando las divisiones en peligro para aislarlas, pudiendo vender parte de sus activos y patrimonio. También para poder limitar los riesgos en sus operaciones y los salarios y compensaciones de sus directivos. De haber tenido esta capacidad, dijo Geithner, el colapso de AIG, y el escándalo de sus bonus millonarios, se podría haber evitado.

'Como hemos visto con AIG, las tribulaciones de instituciones financieras grandes, interconectadas y sin depósitos financieros pueden suponer riesgos para el sistema tan peligrosos como los de los bancos', señaló.

Geithner, cuya dimisión ya han pedido algunos republicanos por su manejo de la crisis, dijo que el Gobierno 'no tiene los medios legales a día de hoy para acometer una ordenada reestructuración de instituciones no bancarias que son grandes y complejas y que suponen un riesgo para nuestro sistema financiero'. El futuro de esta petición es, a estas alturas,incierto. No obstante, algunos congresistas adelantaron su intención de revisar la propuestacon detalle.

Asimismo, el secretario del Tesoro afirmó que en la Casa Blanca son conscientes de que el enfado provocado por el asunto de las primas de la aseguradora dificultará futuros intentos del Gobierno de pedir al Congreso que apruebe nuevas medidas de rescate.

Por otro lado, persuadidos quizá por la ira de los ciudadanos, el enfado de Barack Obama y el Capitolio o las posibles consecuencias futuras, 15 altos ejecutivos del gigante asegurador AIG devolverán el dinero recibido en los famosos bonus que ha puesto a la compañía en la picota, ejemplo de los desmanes de un sistema capitalista sin freno.

Hasta el momento, se han recuperado 50 millones de dólares del total de los 165 millones que se repartieron este mes entre cientos de empleados de la aseguradora. El fiscal general de Nueva York, Andrew Cuomo, señaló que en los próximos días nuevos ejecutivos se comprometerán a devolver sus primas, cifrando el dinero que se podría recuperar en total en torno a los 80 millones. El resto se da por perdido pues está en las cuentas de empleados en el extranjero, ajenos a la jurisdicción de la fiscalía de Nueva York.

El presidente de la Fed señaló que pensó en demandar judicialmente a la firma para evitar dichos pagos, pero que sus asesores le quitaron la idea de la cabeza.

Por su parte, el primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, destacó ayer ante el Parlamento Europeo la necesidad de no dejar ningún retazo del sistema bancario 'fuera de control' y pidió más fondos para combatir la crisis, sobre todo para el FMI.

Precisamente ayer, el FMI anunció la reforma de sus líneas de crédito para hacerlas más accesibles, lo que en palabras de su director gerente, Dominique Strauss Kahn 'marcará un punto de inflexión' en la institución. Además de rebajar y cambiar las condiciones de acceso a los fondos y de doblar el límite actual, el Fondo anunció el lanzamiento de una nueva línea 'flexible' destinada a países con sólidos fundamentos económicos para proveerlos de una herramienta más rápida contra la crisis.

El presidente francés, Nicolas sarkozy, anunció ayer que, a falta de un acuerdo entre sindicatos y patronal, en otoño impulsará una ley para, sin subir salarios, 'plantear la cuestión del reparto de los beneficios de las empresas'. Su intención es autorizar la distribución de bonus y stock options a los dirigentes sólo si estos distribuyen acciones a todos los asalariados. En este sentido, volvió a atacar duramente a los dirigentes que se imputan bonus en empresas que atraviesan dificultades o que son beneficiarias de ayudas públicas.