El presidente francés se ve obligado a responder de la acusación de que recibió dinero en su campaña

La acusación de financiación política a favor de Nicolas Sarkozy por la heredera de L'Oréal, Liliane Bettencourt, que el presidente francés tachó hoy de "calumnia", le obliga a preparar rápidamente una respuesta, con la presión de una remodelación gubernamental que había anunciado para octubre.

Sarkozy no quiso modificar hoy su agenda, pese a las revelaciones al sitio de información en línea Médiapart de la antigua contable de Bettencourt Claire Thibout tras ser interrogada por la policía, a la que dijo que la heredera de L'Oréal entregó 150.000 euros en marzo de 2007 para la campaña a los comicios en los cuales resultó elegido el actual jefe del Estado, lo que de ser cierto sería ilegal.

Thibout señaló que ella misma fue a retirar al banco 50.000 euros, a los que se añadieron otros 100.000 de cuentas suizas de Bettencourt, y que se entregaron el 27 de marzo de ese año -a dos meses de los comicios presidenciales- al tesorero del partido de Sarkozy (UMP), el actual ministro de Trabajo, Eric Woerth.

Igualmente narró a Mediapart que la mujer más rica de Francia entregaba sobres con dinero a diversos políticos de derechas, entre ellos el ahora jefe del Estado cuando en los años 90 era alcalde de Neuilly, la ciudad limítrofe con París donde la multimillonaria tiene el palacete en el que reside.

Durante una visita a un centro sanitario de la región de París y tras resistirse a las insistentes preguntas de los periodistas sobre la declaración de la contable, Sarkozy se limitó esta mañana a hacer un comentario alusivo a la polémica.

"Me gustaría que el país se apasionara por los grandes problemas, por la organización de la sanidad, las pensiones, por cómo crear crecimiento" económico más que creer "en la primera calumnia, que no pretende más que manchar y sin ningún viso de realidad", señaló.

Tampoco el Elíseo ni los miembros del Gobierno entraron en el fondo de las acusaciones de la contable, a la espera de que el jefe del Estado decida la forma y el momento -según las filtraciones a los medios en los próximos días- y se limitaron a negar rotundamente todo y a denunciar que la oposición trate de aprovechar para desacreditar al Ejecutivo.

El ministro francés del Presupuesto, François Baroin, es el que fue más lejos en esa línea al acusar al grupo socialista, que exigía explicaciones en la Asamblea Nacional, de alimentar la extrema derecha al "lanzar acusaciones sin pruebas", lo que provocó el abandono del hemiciclo de los diputados de la oposición.

Momentos antes, la titular francesa de Justicia, Michèle Alliot-Marie, había tachado de "lamentable" que los socialistas hubieran olvidado que "la inocencia se presume y la culpabilidad se demuestra" y aseguró que "la justicia está investigando" y lo hace "de forma totalmente independiente".

Desde la oposición socialista, su portavoz, Benoît Hamon, pidió la dimisión de Woerth por una "confusión entre los intereses públicos y los privados", en alusión a las sospechas de que, como responsable de la política fiscal entre 2007 y 2010, dio un trato de favor a Bettencourt, para quien trabajaba su esposa como asesora en la gestión de su fortuna.

Woerth, a quien el presidente francés se ha esforzado en defender hasta ahora, descartó dimitir porque, a su juicio, eso serviría para "dar la razón" a los que desde hace tres semanas han participado en una "campaña" en su contra y aseguró que su partido "no ha recibido un euro ilegal".

Lo cierto es que dentro de la mayoría presidencial algunos pesos pesados, como el presidente de los diputados de la UMP, Jean-François Copé, y el ex primer ministro y senador Jean-Pierre Raffarin, han pedido públicamente a Sarkozy que se dirija a los franceses para aclarar las cosas.

Un escenario que le obliga, de nuevo, a modificar los planes de un cambio de Gobierno, que la semana pasada había dicho que quería hacer en octubre, pero que tuvo que empezar a adelantar el pasado domingo con la dimisión de dos secretarios de Estado que estaban en la picota por haber abusado del dinero público.