De prestar al Estado a recibir del Estado

En la prehistoria financiera, a caballo entre los siglos XVII y XVIII, los Montes de Piedad, los instrumentos sobre los que se constituyeron las cajas de ahorros en España, heredaron el argumentario de Robin Hood. Modularon el enunciado, eso sí, cambiando el robo por las donaciones de los ricos para cubrir las necesidades básicas de los pobres. Con esas limosnas de la realeza y burguesía se hacía acopio de grano (principalmente trigo y centeno) para prestárselos a los agricultores, en épocas de escasez, a cambio de moderados intereses.

En 1853, las cajas compraban déficit; hoy se les prestan 20.000 millones

Esa vocación de labor social y canalización del incipiente ahorro popular hacia la inversión se estableció en el documento fundacional de la Caja de Ahorros y Previsión de Madrid. Esta entidad fue la primera caja, desde el punto de vista jurídico, en España, y comenzó a operar el 1 de febrero de 1835. En abril de ese mismo año, se estableció la Real Orden que impulsaba la creación de una caja de ahorros en cada provincia, implicando a las personas pudientes y con espíritu filantrópico.

No fue hasta octubre de 1838 cuando la inicial entidad madrileña pasó a denominarse Caja de Ahorros de Madrid. Tras ellas nacieron las de Granada y Santander (1839); Sagunto y Valladolid (1841); Sevilla y La Coruña (1842); Barcelona (1844); Valencia (1851) y Sabadell (1859).

El gran impulso legislativo se parapetó tras el Real Decreto de junio de 1853, una normativa de carácter reformista, que obligaba a todas las cajas a adaptar los estatutos de la entidad madrileña y les exigía depositar el capital no invertido en los Montes de Piedad en un organismo estatal que tenía la función de invertir en déficit público. El Estado recibió la liquidez de las cajas hasta que, en 1880, la nueva ley cambió el modelo. Se remarca el carácter benéfico y las cajas dejan de estar sujetas a los estatutos de la entidad madrileña.

Dos siglos después, otro real decreto expone el fin de un modelo viciado por la exposición de las cajas a la burbuja inmobiliaria, la desconfianza de los mercados y la falta de liquidez para las familias y pymes. El tiempo para algunas entidades de recibir prestados una parte de esos 20.000 millones del FROB para sobrevivir.