El consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, presentó el viernes una querella criminal contra dos abogados que el pasado mes de febrero denunciaron en rueda de prensa torturas por parte de la Ertzaintza contra al menos tres presuntos miembros de ETA.

Se trata de la primera ocasión en la que el Departamento vasco de Interior interpone una querella de estas características, aunque han sido varias las ocasiones en las detenidos acusados de relación con ETA han denunciado malos tratos.

El consejero anunció la presentación de la querella tras conocer los contenidos de la rueda de prensa en la que los abogados Haizea Ziluaga y Alberto Zenón denunciaron que al menos tres detenidos habían sufrido torturas por parte de la Ertzaintza "a las órdenes del señor Ares".

Sin embargo, tras conocer la intención del PP de presentar una propuesta en el Parlamento vasco en la que se le instaba a presentar esa querella y a combatir "cualquier intento de erosionar la correcta actuación de la Ertzaintza", decidió esperar a su debate en pleno.

El Parlamento vasco debatió el jueves esa propuesta que fue aprobada con los votos de PP, PSE y UPyD y la postura contraria de PNV, EA, Aralar y Ezker Batua.

Tras presentar la querella, Ares aseguró que las denuncias de torturas por parte de los abogados son "absolutamente falsas e injuriosas", y explicó que su decisión de acudir a las Justicia "tiene como objetivo velar por el buen nombre, por la profesionalidad, por el buen hacer, por el buen trabajo que hace la Ertzaintza, que trabaja con respeto escrupuloso a la legalidad vigente y cumpliendo estrictos protocolos en su actuación".

"No vamos a permitir que nadie pretenda ensuciar el buen nombre, el buen trabajo profesional, el buen hacer de todos los miembros de nuestra policía", añadió.

Ares agradeció el apoyo "mayoritario" ofrecido por el Parlamento ayer, y criticó que el PNV, en su calidad de partido que ha tenido responsabilidades de Gobierno y que "durante casi 30 años han tenido responsables al frente de Interior, no nos dieran el respaldo para presentar a esta querella".

Los hechos objeto de la querella criminal se produjeron tras la operación policial iniciada el pasado 26 de enero y en la que la Ertzaintza detuvo a nueve personas a quienes acusó del atentado con coche bomba contra la comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa de septiembre de 2008, de la voladura de un repetidor de televisión en Azpeitia y de ataques con explosivos contra maquinaria de las obras del Tren de Alta Velocidad.

Tras las detenciones y en una rueda de prensa, los abogados Alberto Zenón y Haizea Ziluaga denunciaron que los detenidos habían sido sometidos a "interrogatorios ilegales continuos, sin abogado presente", que habían "recibido golpes y amenazas", que se les había obligado a estar "en posturas forzadas", y que habían "recibido presiones y, sobre todo, tortura psicológica con amenazas hacia sus familiares, hijos pequeños y parejas".

Además, Zenón concluyó afirmando que la "flamante nueva división antiterrorista de la Ertzaintza tortura a las órdenes de Ares".

Inmediatamente después, Rodolfo Ares negó "rotundamente" las torturas, aseguró que se trataba de denuncias "infundadas" y que durante las detenciones se había cumplido "un protocolo garantista" en vigor desde la legislatura pasada y recordó que los manuales de ETA establecen que los detenidos realicen este tipo de denuncias.