Nació en 1919. Con sólo 20 años fue sacada de su casa, en Casteldeferro (Granada), para ser rapada. Las autoridades falangistas le prohibieron cubrirse la cabeza y ocultar su cabeza pelada. Para más escarnio, fue obligada a barrer las calles del pueblo, para que todos pudieran verla. Su marido fue encarcelado ese mismo año, en 1939. También su hermano, que murió en la cárcel.

Esto es lo que asegura que padeció la primera mujer vejada por el franquismo que ha solicitado a la Junta de Andalucía ser indemnizada con 1.800 euros, acogiéndose de este modo al decreto aprobado por el Gobierno andaluz el pasado mes de septiembre. La solicitud fue entregada en Almería el 15 de octubre. La víctima no sabe leer ni escribir, por lo que sólo pudo estampar su huella dactilar en el escrito.

Ahora una comisión se encargará de comprobar la veracidad de la historia. En caso de ser cierta, M. T. L. se convertirá en la primera mujer en España vejada por el franquismo que, además de ser indemnizada económicamente, será reconocida legalmente como víctima.

Ni siquiera la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, dio cabida a estas formas de represión ni a sus víctimas: mujeres que fueron rapadas, obligadas a ingerir aceite de ricinoun fuerte laxante, violadas... Y todo un catálogo de delitos contra la intimidad, el honor y la propia imagen, según recoge el decreto andaluz.

Ayer se cumplió justo un mes desde que la Junta de Andalucía aprobó el decreto, que no entró en vigor hasta un día después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el pasado 13 de octubre. Por el momento sólo M. T. L ha solicitado ser indemnizada. No se prevé que sean muchas más las que pidan ser resarcidas con los 1.800 euros por las humillaciones y vejaciones que, de forma organizada, el franquismo llevó a cabo en todo el país. Desde la Consejería de Justicia creen que no se recibirán más de diez solicitudes, ya que la mayoría de estas mujeres han fallecido.

El decreto andaluz, tras su aprobación, no tardó en recibir el ataque frontal del Partido Popular y la derecha mediática. El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, calificó estas indemnizaciones de "vomitivas". Además, los conservadores andaluces se negaron a votar en el Parlamento autonómico una declaración de apoyo al decreto, que salió adelante con los votos de PSOE e IU. Ni si quiera se molestaron en pulsar el botón de la abstención. Según explicó un portavoz conservador, en esa votación no les iba "nada".

Las vejadas por el franquismo en Andalucía tendrán sólo hasta el 14 de enero, tres meses, para acogerse al decreto. "Tiempo suficiente" para solicitar la indemnización, según la Junta de Andalucía.