Los principales grupos ecologistas han solicitado hoy una reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien quieren trasladar 40 demandas medioambientales "imprescindibles" para salir de la crisis.

En un comunicado, las organizaciones WWF, Greenpeace, SEO/Birdlife, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra han mostrado su intención de reunirse con el presidente del Gobierno antes de la celebración de la cumbre de Río+20 que tendrá lugar entre el 20 y el 22 de junio en Río de Janeiro.

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra mañana, estas organizaciones pretenden obtener un compromiso del Ejecutivo con el medio ambiente "que permita salir de la crisis", para lo que han planteado 40 "demandas ambientales imprescindibles".

Entre estas propuestas se encuentra la de reducir "de forma ambiciosa" las emisiones causantes del cambio climático, cerrar las centrales nucleares y apostar por una Ley de Cambio Climático.

En cuestión de transporte, piden detener la construcción de nuevas infraestructuras "hasta la correcta evaluación de la demanda real" y apostar por el ferrocarril como medio de transporte de pasajeros y mercancías.

Fomentar los sistemas de depósito y retorno de envases y prohibir la distribución gratuita de bolsas de un solo uso antes de 2013 es otra de las demandas de los ecologistas, que también buscan que se garantice la "adecuada gestión" de la Red Natura 2000 y se cumpla el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Los ecologistas esperan, asimismo, que no se modifique la Ley de Costas, reformar la Política Pesquera Común para que garantice el futuro de la pesca y completar la Red Natura 2000 marina.

En materia de Agua, solicitan que se establezca el "precio real del agua" para que refleje los costes de extracción, transporte y purificación y que se abandone la construcción de nuevos grandes embalses y trasvases entre cuencas

Entre otras demandas, los ecologistas esperan que se apruebe una Ley de fiscalidad ambiental que rebaje los impuestos indirectos a los productos realmente "más verdes" y que grave con cargas adicionales "las actividades dañinas para el entorno" e incentive a las empresas con actividades sostenibles.