Prisión incondicional para cinco de los políticos detenidos

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó estee viernes por la noche el ingreso en prisión incondicional de los políticos detenidos en la operación Pretoria. Se trata de los ex dirigentes de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra; el ex diputado de PSC Luis García; el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, el socialista Bartomeu Muñoz; y el concejal de Urbanismo de este municipio, Manuel Dobarco.

Les imputa los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita. Este último delito es clave y Garzón se lo atribuye a todos los detenidos menos al empresario Manuel Carrillo y al director de servicios Generales de Santa Coloma, Pasqual Vela. Eso significa que no había dos tramas de corrupción que se habían desarticulado al mismo tiempo sino solo una.

La decisión del magistrado se produjo a petición del fiscal Anticorrupción Luis Pastor, salvo en el caso de Vela, para quien solicitó prisión y el juez ha acordado una fianza de 25.000 euros, la más baja de las impuestas. Según su defensa, Vela no tenía ninguna competencia en urbanismo y está considerado como "un funcionario modélico".

El juez atribuye a siete imputados formar parte de un grupo organizado

Las demás fianzas son las mismas que solicitó el fiscal, y todos los imputados disponen hasta el lunes para hacerlas efectivas. Si no lo hacen, ingresarán en prisión. A Josep Singla, presidente de Proinosa, y a Lluís Casamitjana, del grupo inmobiliario Espais, el juez les impuso sendas fianzas de 500.000 euros.

A Manuel Carrillo, consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterráneo, le fijó 100.000 euros. Carrillo quedó en libertad el miércoles, tras declarar ante la Guardia Civil, y ha sido el único en llegar a la Audiencia Nacional por su propio pie, acompañado de su abogado.

Los otros ocho imputados llegaron a las 7.30 horas en un furgón de la Guardia Civil. Y se les vio esposados, mientras recogían ellos mismos las bolsas en las que se transportaron sus objetos personales. Una imagen muy poco habitual en la sede judicial de la calle Génova.

Comisiones blanqueadas

Los primeros en comparecer ante el juez fueron Carrillo y los ex líderes de CiU. El que fue secretario de la Presidencia en el Gobierno de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta, y el ex conseller de Economía de CiU Macià Alavedra. Su abogado, Juan Córdoba, señaló que ambos habían contestado a todas las preguntas que se les formularon. Según el juez, los dos habían recibido al menos 637.590 euros de la trama y ambos utilizaban sus contactos en las instituciones para facilitar los proyectos presentados por Casamitjana.

La investigación, surgida de la iniciada por Garzón en el año 2000 en relación con la entidad BBV Privanza Jersey, llegó a ambos políticos a través del bufete de abogados catalán Petrus, investigado en 2005 por asesorar presuntamente a sus clientes para que pudieran eludir el pago de impuestos y hasta blanquear dinero en paraísos fiscales. De hecho, el auto de prisión afirma que Prenafeta y Alavedra blanqueaban el dinero que cobraban como comisión por su gestión. Garzón dice que el ex conseller tenía cantidades fuera de España, al igual que Casamitjana. Alavedra reintrodujo en el país parte; uno de los ingresos ascendió a 300.000 euros.

El auto dictado por el magistrado afirma que "el nexo de unión de este grupo es Luis Andrés García, empresario con una especial vinculación con el Ayuntamiento de Santa Coloma". El ex diputado del PSC Luis García, Luigi, cuyo papel en esta trama se equipara al de Francisco Correa en el caso Gürtel. Es al que conocen todos los imputados.

Contactos municipales

"La mecánica de estas operaciones ha sido siempre la misma: Luis Andrés García, gracias a los contactos en los equipos municipales del Gobierno y sus relaciones con los empresarios y específicamente con el alcalde de Santa Coloma, ha manejado los tiempos de desarrollo urbanístico y las adjudicaciones de las obras", señala Garzón.

El alcalde fue interrogado por "cuestiones concretas de concesiones y servicios municipales". El auto explica que "los ayuntamientos afectados aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de García", que luego repartía las cantidades ilícitas recibidas. La empresa adjudicataria nunca realizaba el proyecto hasta que se modificaba el plan urbanístico de una forma favorable para el adjudicatario, que volvía a vender obteniendo grandes beneficios.

Las cantidades obtenidas de esta forma que no ingresaron en las arcas municipales fueron 13 millones de euros (en la operación Pallaresa), 1.377.000, 4 millones y 12.377.000 (en San Andrés de Llavaneres) y 14 millones (en Badalona). En total, el agujero en las arcas públicas de los tres ayuntamientos investigados asciende a 44.754.000 millones de euros.

El grupo del ex diputado

Según el juez, se ha constata do "que el grupo liderado o al menos cohesionado por Luis Andrés García se ha proyectado en el tiempo en torno al tráfico de influencias". El ex diputado del PSC actúa "como una especie de ‘consejero de facto' o ‘en la sombra' que mediatiza todas y cada una de las acciones del alcalde de Santa Coloma de Gramenet, el teniente de Alcalde y presidente de la empresa pública Gramepark".

García accedía "a otras personas que forman parte de entidades públicas para conseguir que los proyectos y adjudicaciones" se otorgaran a "los empresarios imputados o a sus empresas, vinculadas a las actividades de promoción y construcción inmobiliaria". El objetivo era "obtener ilícitamente ganancias", labor a la que colaboraban "eficazmente Prenafeta y Alavedra, los cuales, por su parte, despliegan en el grupo una actividad agotadora para conseguir voluntades en el ámbito político y público a favor de sus clientes", por lo que cobraban comisiones.

El grupo tenía ramificaciones en otras localidades de Catalunya, Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal. Madeira y las Islas Caimán.

Adjudicaciones

La investigación, dirigida por el juez Garzón y el fiscal anticorupción Luis Pastor, se centra en averiguar si desde el consistorio se dio trato de favor a algunas empresas adjudicándoles servicios y terrenos. Estas operaciones se habrían efectuado desde la empresa municipal Gramepark, creada en 1988 para la creación y gestión de aparcamientos y vivienda pública en el municipio.

La operación parte del denominado 'caso BBVA-Privanza', que Garzón instruyó en 2005 en relación con el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, entre ellos la isla de Jersey. Durante ese año, su sustituto al frente de su juzgado, Fernando Grande-Marlaska, archivó parcialmente la investigación y retiró la imputación a 19 ex consejeros de esta sociedad. En el marco de esta investigación, se encontraban vinculados algunos bufetes de abogados, entre ellos el barcelonés Pretus.

Según las citadas fuentes, estos despachos habrían contribuido a invertir los capitales originados por la evasión de impuestos en proyectos inmobiliarios, para lo cual se habrían pagado sobornos y comisiones a cargos municipales a cambio de adjudicaciones de suelo a precio barato y posteriores recalificaciones.

En el reparto de funciones de la trama, Luis García habría actuado como 'cerebro' y Macià Alavedra y Lluís Prenafeta como intermediarios.

Un caso con cantidades millonarias

Bartomeu Muñoz. Cobró 18.000 euros de Carrillo. El juez cita otros 1,3 millones por una alteración en los fondos de cohesión que se ocultaron con una factura falsa.

Lluís Prenafeta. El convergente (en la segunda imagen) habría percibido al menos 637.590 euros.

Macià Alavedra. El ex conseller (CiU) pudo percibir la misma cantidad que Prenafeta. Alavedra habría co-locado dinero en otros países.

Luis Andrés García. Habría podido cobrar de la trama, en las tres operaciones analizadas, 8.026.000 euros.

Josep Singla. El presidente de Proinosa pudo cobrar un total de 30,4 millones (2,5 millones en 2003; 3,5 en 2004 ; 5,6 en 2005; 7,8 en 2006, y otros 11 en 2007).

Manuel Dobarco. Como edil de Urbanismo y presidente de Gramepark, participó de todas las iniciativas de Muñoz y García.

Pasqual Vela. Se le atribuye un presunto delito de defraudación de subvenciones de la UE y otro de falsedad documental.

Lluís Casamitjana. Su sociedad, Badalona Building Waterfront, pagó a Sanur (de García) más de un millón. Espais pagó a una empresa de Prenafeta 1,4 millones y otros 2,5 a Kundry Blau Inversiones.

Manuel Carrillo. Santa Coloma prorrogó el contrato de su empresa de limpieza, Lumasa, por cuatro años, pese a que la mejor oferta económica era la de Rubatec.