Este artículo se publicó hace 14 años.
Prisión por un zapatazo y no tener trabajo
Una jueza de Sevilla deniega la libertad condicional por "falta de arraigo"
"Si el zapato lo hubiera lanzado un español, seguro que no estaría en la cárcel". A esta conclusión llegó este jueves Luis Ocaña, el abogado de Hokman Joma, un joven kurdo con pasaporte sirio que lleva once días en prisión preventiva por lanzar un zapato al primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, que salía del ayuntamiento de Sevilla tras recoger un premio.
El joven kurdo, de 27 años, se quitó el pasado 22 de febrero en Sevilla su zapato del pie derecho, de la talla 44, y se lo lanzó a Erdogan. Falló el tiro y el zapato aterrizó en la cara de un escolta del primer ministro. La Policía lo detuvo al instante y lo esposó. Hokman gritó, desde el suelo, "viva Kurdistan" y los escoltas de Erdogan le taparon la boca. La Fiscalía ve indicios de dos delitos, el de injurias, con el agravante de ser contra la comunicad internacional, y el de resistencia grave a la autoridad. Podría recibir una pena de más de tres años de prisión.
La jueza decidió el martes denegar la libertad a Hokman y considerar la prisión provisional "idónea y proporcionada a los hechos", puesto que, cree, "existe un elevado riesgo de fuga" ya que el activista kurdo "carece de vínculos sociofamiliares y económicos en España". Ocaña rechazó las acusaciones y puso como ejemplo las protestas contra la guerra de Iraq: "Nadie fue juzgado por llamar asesino o criminal a Aznar".
Un vecino de Hokman, también kurdo, explicó este jueves a Público que éste vivía desde hace cinco años en Sevilla, "cuando llegó a España con un visado de asilo". Aunque ahora se encontraba en paro, "llevaba cotizados más de dos años a la seguridad social". Entre otros lugares, trabajó en un kebab y como vigilante de seguridad. No tenía antecedentes.
La asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, y el grupo de juristas 17 de marzo, al que pertenece su abogado, criticaron "el uso de la prisión provisional como una medida represiva y el uso político de la justicia". 40 colectivos han firmado ya un manifiesto en su apoyo.
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