Las privadas recurren la fijación de bloques electorales

Las televisiones privadas le plantan cara a la reforma de la ley electoral. La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) anunció ayer que ha decidido recurrir por vía contenciosa-administrativa la Instrucción de la Junta Electoral Central que interpreta el artículo 66 de la reformada Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Esta instrucción establece que la información sobre la campaña electoral que emitan las privadas deberá, al igual que en las públicas, responder a los principios de pluralismo, igualdad y neutralidad informativa, y al de proporcionalidad, es decir, el tratamiento deberá atender "preferentemente" a los resultados de cada formación en las últimas elecciones equivalentes.

De igual forma, señala que si un medio emite un debate entre los dos candidatos que obtuvieron mayor número de votos en las últimas elecciones, tendrá que emitir otros debates bilaterales o plurilaterales o dar "información compensatoria suficiente" sobre los demás candidatos que hayan conseguido representación en los últimos comicios.

A juicio de Uteca, la instrucción de la Junta Electoral es "inédita, impensable e innecesaria en las democracias formales con libertad de prensa". Además, obliga a las televisiones privadas "a cubrir las campañas electorales conforme a estrictas cuotas partidistas, en vez de con criterios periodísticos profesionales".

Por ello, Uteca reivindica que las televisiones que la integran "continúen elaborando sus informativos y programas de actualidad con los mismos criterios periodísticos que han aplicado desde la aprobación de la Constitución de 1978".

Este anuncio se produjo una semana después de que Uteca solicitase al PP, que apoyó la reforma, que re-curra la Ley Electoral ante el Constitucional.

Las asociaciones profesionales ya se han posicionado en contra de esta reforma y, de hecho, la FAPE y la APM pidieron a la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos de la reforma de la Ley. El presidente de la APM, Fernando González Urbaneja, ya indicó a Público que Cava de Llano no ha apreciado su inconstitucionalidad y adelantó que volverán a la carga cuando encuentren un aspecto donde sea recurrible. "Creemos que es inconstitucional. Si por la vía de la Defensora del Pueblo no es posible, iremos por otra vía", concluyó.