Público
Público

Un proceso largo que puede concluir en 2010-2011

BELÉN CARREÑO

¿Qué es y quién negocia el Pacto de Toledo?

El Pacto de Toledo es un proceso de negociación política que finaliza con un acuerdo sobre cómo se puede mejorar el sistema de pensiones en España. Nació en 1993 como fruto de la preocupación de todas las fuerzas parlamentarias por la sostenibilidad del sistema de pensiones. Por ello, se propusieron hacer un pacto con el consenso de todas las formaciones que se renovase cada cinco años y que fuese independiente del Gobierno de turno. El primer pacto se firmó en 1995.

Por decirlo de alguna forma, es un órgano vivo que hiberna ya que hay una Comisión no permanente en el Congreso que se activa cada cinco años cuando comienza una nueva ronda de negociación. Tras la firma del primera pacto en 1995 se volvió a convocar el pacto en 2000 y se llegó a un acuerdo en 2003. El pacto fue de nuevo convocado en noviembre del año pasado y las conclusiones no llegarán antes de 2010.

Mucha. El primer acuerdo abordó un aspecto tan importante como separar las fuentes de financiación. Lo que se cotiza a la Seguridad Social va directamente a la hucha de las pensiones y la sanidad y el resto de los recursos básicos se financian por presupuestos. Así se generó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social destinado a combatir los cambios de ciclo y que se atesora para el día de mañana. Además se aumentó la proporcionalidad entre lo que se cotiza y lo que se recibe. Otra medida importante fue la de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, por lo que se comenzaron a actualizar con el IPC.

No exactamente. Una cosa son las cuentas de la Seguridad Social (ingresos y gastos) que fluctúan con la coyuntura y que en la actualidad tienen superávit y otra el Fondo de Reserva que es el encargado de hacer frente al pago de las pensiones cuándo las cotizaciones de los trabajadores no sean suficientes para cubrir las rentas de jubilación. El Pacto intenta retrasar en lo posible que llegue ese momento que ahora se calcula que será en el 2023 (y es independiente del déficit de la Seguridad Social) y se espera que la hucha no se agote hasta 2029. Estas previsiones están calculadas con los criterios actuales de pensiones y precisamente se trabaja en que las modificaciones sigan retardando el uso de la hucha.

Muchas generaciones de españoles tienen, con los datos a día de hoy, asegurada su pensión hasta casi 2030. Pero si se siguen realizando modificaciones para hacer más eficiente el sistema, lo natural es que todos los que hayan generado ése derecho perciban su pensión.

Por ahora lo único que se han aprobado son incentivos para que los trabajadores que lo deseen alarguen su jubilación hasta los 70 años. El Gobierno es partidario de seguir legislando en ese sentido con incentivos fiscales, pero no de imponer ningún tipo de obligatoriedad. Lo que sí se baraja es cambiar el método de cálculo y tomar más de quince años de cotización.

Más noticias de Política y Sociedad