La Justicia ha parado los pies a la intención de la Junta de Castilla y León de convertir al lobo en una especie cinegética, pese a encontrarse protegida. 

El 3 de abril de 2008, la Junta aprobó el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en dicha comunidad, que pretendía eliminar entre el 10% y el 30% de la población de esta especie. Un decreto que denunció la asociación Ecologistas en Acción.

El Plan permitía la caza en una zona que la UE considera protegida: el sur del Duero.

La sentencia considera  que "el Plan de Conservación y de Gestión del lobo en Castilla y león no se atiene" a la Ley de Patrimonio Natural, de 2007, ni a la directiva de Hábitats de la UE, de 1992, en lo relativo a "las especies que requieren una "protección estricta". Unas directivas que recogen específicamente "al canis lupus  situado al sur del Duero". El tribunal sólo admite la caza de "los que están al norte".

En el último censo oficial, el número de lobos en España podría oscilar entre 1.500 y 2.000 ejemplares, de los cuales unos 1.000 o 1.500 se asientan en Castilla y León.  

La batalla del lobo viene de lejos, y no sólo en Castilla y León. Cuando España se adhirió a la UE a mediados de los 80, ésta preparaba ya la Directiva Hábitats, en la que se contemplaba una estricta protección para los lobos. Era comprensible, porque la mayoría de los países de aquella reducida UE tenían pocos ejemplares. La llegada de España y Grecia planteó un cambio. En 1988, el primer censo nacional en España arrojaba una población de unos 1.500 ejemplares extendidos por 100.000 km2, y con esas cifras el Gobierno español se negó a aceptar una protección absoluta.

La CE adoptó una decisión salomónica: el lobo se podría cazar al norte del Duero en España, y al norte del paralelo 39 en Grecia. Al sur de estas fronteras estaría protegido.