La proliferación de casos de espionaje interno y externo sacude a Suramérica

Las denuncias de espionaje de Perú contra Chile, de Venezuela contra Colombia y a nivel interno en Argentina sacuden hoy a Suramérica, evidenciando las tensas relaciones de la región tanto a nivel internacional como nacional y reviviendo escenarios de la Guerra Fría, aunque con distintos actores.

La ya deteriorada relación entre Lima y Santiago se ha calentado aún más en la última semana a raíz de la detención en Perú de un suboficial de la fuerza aérea de este país acusado de entregar a Chile secretos de Estado sobre adquisiciones militares.

El caso motivó que el presidente peruano, Alan García, exigiera el lunes explicaciones al Gobierno chileno.

Si bien el mandatario desvinculó del escándalo a su homóloga Michelle Bachelet y lo relacionó con "algunos sectores" vinculados a lo que llamó "pinochetismo" dentro de las Fuerzas Armadas, calificó como "acto repulsivo" ese supuesto espionaje y definió a Chile como una "republiqueta".

A lo que Bachelet respondió: "Quiero referirme a una situación que sin duda nos preocupa: las expresiones que llamaría ofensivas y altisonantes que hemos conocido en el día de ayer y que en nada contribuyen a la integración y a la cooperación que deben animarnos entre países vecinos".

Analistas y políticos chilenos vinculan las acusaciones peruanas con una "maniobra mediática" para crear una imagen beligerante de Chile en el marco de una reciente demanda presentada en La Haya para tratar de modificar los límites marítimos entre ambos países.

Algo similar ocurrió entre las todavía más enfrentadas Venezuela y Colombia tras la detención el pasado 27 de octubre de dos agentes del servicio de inteligencia de éste último país, a los que, según Caracas, se les incautaron documentos relacionados con operaciones de "espionaje y desestabilización" en Venezuela, Ecuador y Cuba.

El ministro de Interior venezolano, Tarek el Aissami, ha acusado incluso al presidente colombiano, Álvaro Uribe, de estar al tanto de esas actividades de espionaje, "promovidas desde el Gobierno" de este país.

El Aissami ve detrás de estas operaciones no sólo al Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS, inteligencia estatal), sino también a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense, a la que acusó de financiarlas.

El DAS ha asegurado que ninguno de los detenidos en Venezuela es funcionario de esta institución, mientras que la fiscalía colombiana ha dicho, incluso, que los documentos con que cuenta Caracas son "reservados" y que investigará por posible "traición a la patria" a quienes los hubieran filtrado a ese país.

Pero la propia Caracas no es inmune a las acusaciones de espionaje y en los últimos días se ha suscitado una controversia en Paraguay por la llegada de en un avión militar venezolano de un número aún no determinado de militares de este país con fines que no han quedado claros.

El canciller paraguayo, Héctor Lacognata", dijo que se trató de una escala técnica en un vuelo que, según la Fuerza Aérea, iba a Buenos Aires, aunque según medios de prensa local, la aeronave dejó dos agentes de incógnito en el país.

Otro caso de espionaje internacional se destapó en febrero en el Cono Sur con la detención en Uruguay de un ex agente de inteligencia argentina acusado de espiar a políticos, funcionarios y diplomáticos de Argentina, Chile, España y Uruguay.

Iván Velázquez, ex miembro de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) argentino y experto en informática y en terrorismo islámico, se dedicaba principalmente a interceptar correos electrónicos.

Según un informé reservado de la Justicia uruguaya revelado en marzo por la prensa, entre los afectados en este país estaban la secretaria privada de la presidenta Bachelet, Claudia Hernández, y el ahora ex ministro de Defensa Jaime Ravinet.

Uruguay intenta determinar si el ex agente, procesado en Montevideo por robar información sobre el armamento e identificación de 60 policías, obtenía información para entregarla al SIDE o formaba parte de una organización compuesta por militares de ese país que manejan datos secretos con fines comerciales.

Pero el floreciente espionaje suramericano no se produce sólo entre países. También se han destapado casos polémicos al interior de las naciones con motivaciones aparentemente políticas.

El más reciente ha convulsionado la clase política argentina tras conocerse en octubre, que el entonces jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios, realizó escuchas ilegales a políticos, periodistas y familiares de las víctimas del atentado de 1994 contra la mutualista judía AMIA en Buenos Aires.

El escándalo se agravó hoy cuando el juez encargado del caso apuntó que las escuchas podrían haber alcanzado también a la presidenta, Cristina Fernández, y su esposo y antecesor, Néstor Kirchner, por lo que solicitó la detención de Palacios.

El alcalde de Buenos Aires, el empresario opositor Mauricio Macri, se ha visto comprometido por la polémica y ha debido destituir a Palacios y a su número dos, Osvaldo Chamorro.

Otro caso de escuchas ilegales fue destapado en febrero pasado en Colombia por la prensa e implica de momento a más de 40 funcionarios y ex funcionarios del DAS.

En esta ocasión, las víctimas de intervenciones de teléfonos y correos electrónicos, seguimientos y recolección de informes son jueces, políticos de oposición, periodistas y miembros de ONG nacionales e internacionales

Entre los espiados hay un magistrado auxiliar de la Corte Suprema que investiga los nexos de congresistas oficialistas con paramilitares, el ex candidato presidencial Carlos Gaviria Díaz y miembros de un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó el país.

La Justicia todavía no ha podido establecer quién ordenó estas operaciones ni el destino de la información recogida.

Un caso similar fue descubierto el año pasado en Brasil, cuando el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se vio obligado a apartar provisionalmente a la cúpula de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) por unas escuchas ilegales contra congresistas, el presidente del Supremo, Gilmar Mendes, y la ministra de la Presidencia, Dilma Rousseff, entre otros.