La propuesta de legalizar el tráfico y la propiedad de antigüedades, a debate en el Parlamento egipcio, ha suscitado una polémica en el país de los faraones, porque puede abrir la puerta a la compra y la venta de restos arqueológicos.

La reforma de la actual ley, que data de 1983 y penaliza la venta, la compra o el tráfico de antigüedades, fue propuesta la semana pasada en la Cámara Baja egipcia por el parlamentario Ahmed Ezz, un multimillonario que tiene el monopolio nacional del acero.

En su comparecencia, Ezz justificó la medida porque la mayoría de los egipcios desconoce las características de una pieza de arte antiguo, algunos la heredan sin saberlo y, por tanto, sería "injusto" castigarlos penalmente.

La propuesta, cuya votación definitiva está prevista para la semana que viene, señala que los interesados podrán notificar que poseen algunos objetos desde el próximo mes de marzo y en el plazo máximo de dos años.

El ministro de Cultura, Farouk Hosni, y el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Zahi Hawas, rechazan la normativa y amenazan con dimitir si finalmente se aprueba, según publica el diario independiente Al Masry al Youm.

"Será una catástrofe para Egipto porque algunos aprovecharán para excavar y extraer piezas y luego venderlas", denuncia Hawas, partidario de reducir a seis meses el plazo de registro de las obras de arte.

Entre los académicos, la propuesta tampoco ha sido bien recibida. El arqueólogo egipcio y presidente de honor de la Organización del Patrimonio Cultural Egipcio, Fekri Hassan, considera que la reforma es "inaceptable".

Al igual que Hawas, este profesor teme que la ley proporcione a los ladrones de piezas herramientas para legitimar su comercio ilegal.

"La ley abre la puerta a excavaciones ilegales y facilitará la exportación ilegal de antigüedades", aseguró a Efe Hassan, quien añadió que solo beneficiará a aquellos que "quieren hacer dinero y consideran un derecho de coleccionistas privados disponer de estas piezas".

A pesar de que la actual legislación de antigüedades persigue el comercio de arqueología, los "cazatesoros", que desarrollan en Egipto una actividad tan vieja como la cultura de los faraones, excavan aún en zonas donde los hallazgos son muy frecuentes.

El pasado septiembre seis ladrones murieron al derrumbarse el túnel que perforaban en busca de antigüedades, y en julio otros dos fallecieron asfixiados en una galería similar.

A Hassan no deja de sorprenderle que la propuesta se haga justo ahora que Egipto ha recuperado parte de sus objetos robados y litiga aún por el regreso de algunas obras de arte.

"Basta ya. Lo vendieron todo y ahora quieren vender la memoria del país", se lamenta el profesor de arqueología de la Universidad de El Cairo Mukhtar El Kasbani.

Y prosigue: "Se necesita una revolución popular contra quienes desean comerciar con el patrimonio egipcio".

El tono de sus palabras, a mitad de camino entre el hastío y el orgullo herido, es compartido por los lectores de las ediciones digitales de los principales periódicos del país.

"Los políticos están dedicados ahora a la venta de nuestra historia"; "El Parlamento traiciona a la patria"; "Comerciar con nuestros monumentos es vender nuestro país" o "Robaron nuestro futuro, nuestro pasado, nuestro presente..." son algunas de las airadas reacciones a una ley que tachan de "vergonzosa" y "privatizadora".

Ezz defiende que el nuevo texto trata de equiparar a Egipto con algunos países europeos y, para que así constara, hizo entrega en el Parlamento del texto de la ley italiana de protección de bienes culturales, cuya aprobación no estuvo exenta de polémica.

La normativa italiana establece que, si una persona advierte a las autoridades del hallazgo de restos arqueológicos, tiene derecho a una recompensa del Estado.

Para Hassan, se trata de "un argumento muy débil", porque Inglaterra o Francia no reconocieron las antigüedades como "legado de una nación" hasta hace poco, y solo para sus propias piezas.