La prórroga máxima de los convenios colectivos vencidos será de dos años

La prórroga máxima de los convenios colectivos vencidos será de dos años, con lo que se pone límite a la denominada "ultraactividad" que permitía el alargamiento prácticamente indefinido de los convenios, ha explicado hoy la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Báñez ha señalado, respecto a la negociación colectiva, que si no se alcanzase un acuerdo entre los agentes sociales la empresa iría a la solución extrajudicial de conflictos y, en su caso, al arbitraje, manteniendo el principio de voluntariedad.

De no alcanzar el acuerdo, una de las partes podrá acudir a la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos o sus equivalentes autonómicos, que nombrara un árbitro y resolverá en 25 días como máximo.

Para ahondar en la flexibilidad interna de las empresas y evitar que el despido sea el último recurso al que tenga que recurrir un empresario en caso de circunstancias difíciles, la reforma introduce la prioridad de los convenios de empresa independientemente de lo que se pacte en convenios de nivel superior.

Asimismo, se facilita a las empresas en dificultades que se puedan "descolgar" del convenio, es decir no cumplir con lo pactado por las partes.

La reforma pone fin a la ultraactividad indefinida de los convenios, es decir de su prórroga automática cuando vence, y establece que las partes deberán negociar un nuevo convenio en el plazo máximo de dos años, fecha en la que dejará de estar vigente.

En materia de absentismo y para considerarlo causa de despido se elimina la vinculación del absentismo individual del trabajador con el que tenga la plantilla.

También se establece más colaboración con las Mutuas de Trabajo para evaluar la incapacidad temporal de los trabajadores.

Para combatir el fraude y la economía sumergida, propone un plan especial de la Inspección de Trabajo.

Además, se impulsará que los desempleados que estén cobrando la prestación por paro realicen servicios de interés general en beneficio de la comunidad, a través de convenios de colaboración con las Administraciones públicas.