Más de un centenar de asociaciones de extranjeros saldrán el próximo sábado a la calle para protestar en contra de las propuestas del PP en materia de inmigración, como el contrato de integración que defiende Mariano Rajoy para todos los extranjeros que quieran obtener un permiso de residencia de más de un año. Las asociaciones, integradas en la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes, han convocado la protesta de manera simultánea el próximo 23 de febrero, a las siete de la tarde, en una docena de ciudades españolas.
Los asistentes a las distintas marchas (en Madrid, Barcelona o Las Palmas de Gran Canaria) también exigirán al Gobierno "la regularización inmediata de todos los inmigrantes". En las concentraciones están previstas actividades culturales y la lectura de "las 12 medidas urgentes por la dignidad de los inmigrantes". Estas medidas incluyen "el cese de la represión que sufre la población inmigrante" y "garantías frente al abuso policial y la discriminación xenófoba". Además, las asociaciones protestarán por la política de algunos alcaldes del PP de núcleos rurales de Madrid que se niegan a empadronar a más extranjeros.
Época de elecciones
Efrain Pardo, secretario general de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (Ferine), una de las entidades convocantes, tildó el contrato de integración que propone el PP de "absurdo". "Está generando inquietud entre los inmigrantes", señaló. El presidente de Ferine, Esteban Cancelado, agregó que "estando en época de elecciones, parece que lo importante es captar el voto de quienes están contra la inmigración alimentando el racismo y la xenofobia".
Se espera que la protesta sea masiva. Aida Quintanoa, presidenta de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (Conadee) explicó ayer que su entidad no está entre las convocantes, pero que muchos ecuatorianos de su organización irán a la protesta a título personal. "Nos consta que en varios municipios de Madrid los alcaldes del PP están cometiendo abusos contra los extranjeros. Ése es uno de los motivos por los que hay que ir a la convocatoria", señaló Quintanoa. La misma opinión tiene Wilfredo Contreras, presidente de la Coordinadora de Inmigrantes de España: "El empadronamiento es un derecho que hemos adquirido, no es un deber. En algunos ayuntamientos, a los inmigrantes no les dicen directamente que no les inscriben, pero les ponen muchísimos impedimentos", subrayó Contreras.
Fin de los CETI
Los manifestantes también exigirán al Gobierno central el cierre de los centros de estancia temporal de inmigrantes (CETI), los lugares dónde son llevados los recién llegados por la policía por haber entrado en España de manera ilegal. "Nos consta que en muchos CETIS se están violando los derechos humanos", concluyeron desde Ferine. Desde esta asociación quieren recordar que los inmigrantes que llegan en cayuco no son delicuentes. La policía los detiene por entrar en España ilegalmente, algo que infringe la Ley de Extranjería. En Canarias, se manifestarán 20 asociaciones.