El proyecto de una nueva Constitución divide opiniones en los sectores políticos de Ecuador

El proyecto de nueva Constitución de Ecuador, que incluye reformas a los poderes del Estado, el manejo de la economía y la reelección presidencial, contiene rasgos dictatoriales, según fuentes políticas consultadas hoy por Efe, mientras otras exaltan los valores democráticos que incorpora.

En el proyecto se sustituye al sistema económico de "mercado" por uno "social y solidario", perfila que el Estado tendrá más control y participación en sectores estratégicos como el petróleo, las minas, las telecomunicaciones y el agua.

Para Luis Villacís, director del Movimiento Popular Democrático (MPD, de izquierdas), el proyecto de Constitución "es un golpe al neoliberalismo", prohíbe las privatizaciones, la congelación de los depósitos bancarios, da la posibilidad de impugnar las deudas consideradas ilegítimas y democratiza el crédito.

Villacís dijo a Efe que el proyecto apoya la soberanía nacional al no permitir la instalación de bases militares extranjeras; la soberanía alimentaria que prohíbe la privatización del agua, el latifundio y la concentración de tierras en pocas manos. En su opinión el proyecto es "altamente democrático."

Lo democrático se representa también, según Villacís, en que el proyecto faculta al presidente a llamar a consulta popular en diferentes temas y crea un control social desde el ámbito de los sectores populares, aunque la oposición teme manipulación a la gente.

Según el segundo vicepresidente de la Asamblea, César Rodríguez, el texto constitucional "garantiza que en el país se construya un sistema de derechos", y permitirá la "recuperación de la dignidad" de grupos sociales excluidos en el pasado.

Sin embargo, el asambleísta Gilmar Gutiérrez, del opositor Partido Sociedad Patriótica, ve el proyecto constitucional como una "propuestas estatistas para concentrar poder" y una vía al "hiperpresidencialismo".

Gutiérrez dijo a Efe que la nueva Constitución es "dictatorial" y politiza la función judicial al crearse una Corte Constitucional integrada por dos personas designadas por el Ejecutivo, el Legislativo y Transparencia y Control Social.

En el proyecto consta el voto facultativo para los jóvenes a partir de los 16 años, así como el de los militares y policías y se mantiene la obligatoriedad del voto a partir de los 18 años.

El asambleísta de oposición Pablo Lucio Paredes considera que el presidente asume más poder al otorgársele la facultad de bloquear por un año una iniciativa legislativa que no le parezca adecuada.

Apunta que ya no hay autonomía del Banco Central con lo cual se pierde el contrapeso de poderes, porque -a su criterio- estarán en manos del Ejecutivo: las Finanzas, la Planificación y las políticas monetarias y afines.

Asimismo, señala que en el nombramiento de muchas autoridades participa con fuerza el Poder Ciudadano que, según cree, va a estar manipulado por el Gobierno.

A este punto de vista se une el de Cristina Reyes, del opositor Partido Social Cristiano, para quien el proyecto es "totalitario (pues permite) que todos los poderes se concentren en el Ejecutivo" y lesiona el derecho a la propiedad privada.