El PSC ha enviado hoy un mensaje de 'tolerancia cero' con la corrupción al confirmar la 'suspensión preventiva' de militancia del alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, el concejal Manuel Dobarco y el director de servicios Pasqual Vela, que han renunciado a sus cargos al estar imputados.

En rueda de prensa tras la reunión extraordinaria de la comisión ejecutiva del PSC, convocada de urgencia a raíz de la trama de corrupción urbanística destapada en Cataluña por la Audiencia Nacional (caso Pretoria), el portavoz del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que esta medida ha sido tomada a petición del presidente catalán y primer secretario del PSC, José Montilla.

Iceta ha informado de que Muñoz, Dobarco y Vela han sido suspendidos de forma preventiva de militancia hasta que se dicte sentencia, y se ha dado trasladado de este acuerdo a la Comisión de Garantías del PSC para abrir los correspondientes expedientes. Ni el gerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), Emili Mas, ni el ex concejal de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) Antonio Jiménez han recibido ningún castigo por parte del partido.

El director de servicios del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Pasqual Vela y los empresarios Lluís Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo, han abonado las fianzas impuestas por el juez Baltasar Garzón para eludir la prisión.

Así lo han informado fuentes jurídicas, que han señalado que los acusados tenían de plazo hasta la una del mediodía de hoy para abonar las fianzas —lo que han hecho a través de avales bancarios— de 500.000 euros (Casmitjana y Singla), 100.000 (Carrillo) y 25.000 (Vela) que fijó Garzón el pasado viernes.

Ese día, el magistrado envió a la cárcel a los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, al alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, al concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y al ex diputado del PSC, Luis García.

Según el auto de prisión del juez, las actividades principales de esta supuesta trama de corrupción urbanística consistían en lograr modificaciones de ordenación urbana, el cobro de comisiones, cohecho, fraude a la Hacienda Pública, fraude en la obtención de subvenciones de la Unión Europea, extracciones ilegales y tráfico de influencias entre los componentes del grupo. Para ello, los miembros aprovechaban 'los cargos institucionales de unos, la posición y contactos políticos de otros y la actividad empresarial de los demás'.

En cuanto a la suspensión temporal de los ex dirigentes de CiU implicados en la trama, Artur Mas apuntó que había sido una decisión 'dolorosa' pero a la vez 'necesaria'. El secretario general de CDC quiso dejar claro que el caso Pretoria no es 'ninguna' trama que una a PSC y a CiU.