Por Carlos Ruano

El Gobierno se va a ver inevitablemente obligado a modificar su polémica propuesta de ampliar la edad de jubilación ante la férrea oposición de los grupos políticos que comparten mesa y mantel con el PSOE en la comisión del Pacto de Toledo que, desde 1995, ha pactado por consenso todas las reformas de pensiones.

"El Pacto de Toledo es consenso y seguirá siendo consenso... se aprobarán todas las medidas que podamos consensuar", dijo la representante del PSOE, Isabel López i Chamosa, en una mesa redonda con representantes de los principales grupos parlamentarios en la Comisión organizada por la APIE.

López hizo estas declaraciones después de que los representantes de Izquierda Unida, Convergencia i Unió y Partido Popular se mostrasen radicalmente en contra de la propuesta de extender la edad de jubilación de los trabajadores españoles de 65 a 67 años de manera obligatoria.

"Esta propuesta rompe con el espíritu de consenso del Pacto de Toledo, o se retira o modifica sustancialmente o impide la negociación y el acuerdo en el marco del Pacto de Toledo", dijo el representante de IU, Gaspar Llamazares.

El pasado jueves el Ejecutivo socialista sorprendió a los grupos políticos y a buena parte de la sociedad al anunciar una propuesta que buscaba "garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones".

Casi simultáneamente, el Consejo de Ministros aprobó un plan de ahorro fiscal de 50.000 millones de euros hasta el año 2013 para reducir al tres por ciento el abultado déficit fiscal que, según el propio Gobierno, habría alcanzado el 11,4 por ciento en 2009.

Entre los asistentes a la mesa redonda hubo coincidencia a la hora de acusar al Ejecutivo socialista de improvisación y de actuar para mejorar la imagen económica del país justo después de la cumbre mundial de Davos. El portavoz de IU incluso dijo que las propuestas vinieron servidas en el foro económico mundial coincidiendo con la presidencia de España de la UE.

"Tengo la sensación de que hemos transitado del Pacto de Toledo al pensionazo de Davos", dijo Llamazares, para añadir que el Gobierno ha lanzado un "alarmismo injustificado sobre la salud del sistema de pensiones".

Llamazares también le acusó de actuar "al dictado" de organismos internacionales y agencias de rating.

"Estamos en estado de 'shock', no acabo de entender la propuesta si no es por cuestiones externas (...) La única explicación que tengo es el intento de responder a los requisitos de las agencias de rating y organismos financieros internacionales".

El pasado diciembre la agencia de calificación de crédito Standard & Poor's amenazó con revisar a la baja el rating de España ante el fuerte deterioro fiscal e instó al gobierno a tomar duras medidas para atajar el déficit.

El martes, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, se mostró confiado en que los planes de austeridad tendrán efecto sobre la salud de la economía y dijo no sentir presión por estas agencias.

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, también ha advertido en diversas ocasiones al Ejecutivo sobre la necesidad de recortar gastos e implementar profundas reformas.

Sin embargo, en algunos círculos se acusa al Gobierno de haber aplicado hasta ahora criterios poco contundentes para reencauzar las finanzas públicas. Algunos observadores quisieron ver en la salida del anterior ministro de Economía, Pedro Solbes, la escenificación de las diferencias sobre la aplicación de recetas económicas para la crisis en el seno del Ejecutivo.

"En términos económicos no sabemos quién manda", dijo el representante de CiU en la mesa del Pacto de Toledo, Josep Sánchez Lliure tras reclamar al Gobierno rigor y seriedad y pedirle "que dejen de hacer juegos de cara a maquillar la mala imagen de nuestra economía".

¿AMPLIACIÓN?, SÍ, PERO VOLUNTARIA E INCENTIVADA

El propio Sánchez Lliure se mostró convencido de que finalmente se llegará a un acuerdo sobre jubilación, pero dejó claro que su grupo parlamentario sólo aprobará la extensión de la jubilación si es de carácter voluntario y fiscalmente incentivada.

En sentido similar se expresó el representante del Partido Popular, Tomás Burgos, que se mostró confiado en un acuerdo, "pero no con las actuales propuestas".

El anuncio del Gobierno provocó la primera reacción crítica de los representantes sindicales en vísperas de que se retome el diálogo para una reforma laboral que es vista como imprescindible por numerosos organismos.

"Ha habido consensos con los sindicatos y eso no quiere decir que no haya discrepancias... No dude que al final habrá acuerdo con los agentes sociales", dijo la portavoz socialista preguntada sobre las hasta ahora cordiales relaciones con los sindicatos pese a una tasa de paro que supera ya los cuatro millones de personas.

"La propuesta ha sentado muy mal en círculos sindicales, los sindicatos ya tienen las antenas levantadas", dijo una fuente próxima a las organizaciones sindicales.

El próximo viernes está previsto que el Ministro de Trabajo presente al Consejo de Ministros un informe sobre la reforma laboral que deben negociar en próximas fechas empresarios y sindicatos.