El PSOE va a pedir en el Senado que se aplique la misma regulación del tabaco a los cigarrillos electrónicos y que se prohíba, por tanto, su consumo en restaurantes, bares, centros comerciales, tiendas y hoteles.

Esta es una de las principales enmiendas, de un total de 60, además de una de veto, que el grupo socialista en la Cámara baja va a presentar a lo largo del día en el registro, ya que hoy termina el plazo para enmendar el proyecto de ley por el que se modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

La senadora socialista Encarna Llinares ha confiado en llegar a un acuerdo con el PP y otros grupos al considerar que en los temas de salud hay que seguir el principio de "precaución" y, según los expertos médicos y científicos, aún se desconocen los efectos del humo de los cigarrillos electrónicos en la colectividad. Llinares ha resaltado que este tipo de cigarrillos contiene nicotina, una "una sustancia que indiscutiblemente es adictiva, con efectos secundarios en el corazón, el cerebro y las vías respiratorias".

El PSOE busca que se regulen de igual manera las restricciones del tabaco tradicional y del cigarrillo electrónico en cuanto a su consumo, publicidad y patrocinios y su régimen de infracción. Encarna Llinares ha añadido que esta enmienda del PSOE es fruto de las peticiones que han recibido desde las distintas asociaciones e instituciones médicas, científicas y de consumidores. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ya había advertido el pasado diciembre que lo prohibiría en colegios, hospitales y transporte público.

Por otra parte, el grupo socialista vetará el proyecto del Gobierno al entender que se ha perdido "una oportunidad" para hacer reformas de "más calado" y porque quiere "denunciar" que se ha aprovechado su tramitación para hacer modificaciones de otras leyes que nada tienen que ver con la del consumo.

El también senador del PSOE José María Toledo ha explicado que otras de las enmiendas que presentarán incluyen, por ejemplo, regular los Servicios de Atención del Cliente de las empresas de venta a distancia para que sean gratuitos, personalizados, no tengan tarifa adicional y no conlleven beneficios a la compañía. También se quiere incluir que los plazos para resolver las reclamaciones a esas empresas de venta telefónica o por internet sea de 15 días en lugar de 30, y que haya una indemnización mínima de 50 euros por su incumplimiento. Asimismo, los socialistas quieren que la nueva norma establezca que durante un año no se pueda volver a ofrecer un producto por venta telefónica si no ha interesado al cliente.

Legitimar a las asociaciones de consumidores y al Ministerio Fiscal a entablar acciones colectivas en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, como puede ser para el tema de las preferentes; o que haga falta pasar por un "proceso extrajudicial" en los casos de sobre-endeudamiento del consumidor para intentar evitar desahucios son otras enmiendas que registrará el PSOE.