Entrevista a Albert Botran (CUP), espiado por Pegasus"Si el PSOE rechaza la comisión de investigación, le convierte en encubridor"

Albert Botran (38 años) es uno de los dos diputados de la CUP en el Congreso. Su nombre se encuentra en la amplia lista de dirigentes y activistas independentistas espiados a través del sistema israelí Pegasus, un caso de espionaje político sobre el que pesan muchas dudas y hay pocas respuestas. De cara a arrojar luz sobre este escándalo, de cuya resolución podría depender la estabilidad de la legislatura, el parlamentario lamenta la falta de protección y amparo recibido por parte de la Cámara Baja y del Gobierno. En este sentido, urge al PSOE a apoyar, como mínimo, la comisión de investigación sobre el Catalangate. Asimismo, considera que Unidas Podemos, que también ha sufrido "las prácticas ilegales y delictivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", debería "plantarse" dentro del Gobierno para que haya una investigación profunda sobre esta cuestión. En cualquier caso, a Botran no le sorprenden las "malas artes que usa el Estado español para combatir a sus adversarios políticos", apostilla.

¿Cuándo tiene conocimiento de que ha sido espiado con Pegasus? 

El año pasado me llegó un aviso de gente que estaba trabajando en esta investigación y tenían la sospecha de que varias personas vinculadas al independentismo catalán habíamos sido espiadas. Los primeros que saltaron a la luz fueron el president del Parlament en aquel momento, que era Roger Torrent, y algún otro cargo político. Entonces dijeron: "Pero tenemos la sospecha de que esto va más allá, de que hay una operación que ha sido mucho mayor". Entonces, una serie de personas les facilitamos la información que necesitaban en nuestros teléfonos móviles y el análisis técnico de la prueba resultó que muchas de ellas, entre las cuales me encuentro, habíamos sido espiados con este programa.

En su caso, ¿cuándo se produjo esa intrusión y cuántas veces?

Que tengamos conocimiento, fue a principios del año 2020, a falta de una investigación más exhaustiva que pueda determinar si ha habido más ocasiones.

Cuando le llegó el aviso, ¿se imaginaba la magnitud del ataque?

De Estado español me sorprenden poco las malas artes que usa para combatir a sus adversarios políticos. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Y digamos que el franquismo fue la expresión más brutal de la represión política, pero muchas de las dinámicas continuaron. En especial, ciertos comportamientos abusivos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, de los servicios secretos o de la judicatura. Y lo habíamos visto en casos del independentismo vasco y también en el caso del independentismo catalán. Entonces, muy sorprendente no es, lo que no quiere decir que no sea igualmente condenable e indignante, porque usar herramientas de este tipo para espiar a representantes políticos cuando, en teoría, ellos dicen que hay que respetar las reglas de juego democrático y que hay que encauzarlo todo por canales democráticos... Espiar a representantes políticos es de todo menos democrático.

¿Se han puesto en contacto con usted desde el Gobierno o el Congreso por este asunto?

No, y me parece sintomático de que haya diputados de primera y de segunda. Yo imagino que si esto hubiese afectado a según qué diputados de según qué grupos parlamentarios, esto tendría una protección de la propia presidenta del Congreso [Meritxell Batet], de la Mesa o el Ministerio de Presidencia, que también tiene asignada las relaciones con las Cortes, se hubiese puesto en contacto con nosotros. Ni tan siquiera ha habido un mensaje de cortesía.

Entiendo que es una forma también de normalizar esto. Aunque digan que no va con ellos, el hecho de que no estén dando en absoluto la cara les compromete como cómplices, como mínimo. CityLab no se está inventando este caso, pues es un instituto que ha destapado el mismo espionaje en otros países, como es el caso de México, con dosieres muy exhaustivos. Y, entonces, dado que esto no es un rumor, sino que es un estudio profundo, lo mínimo que podía hacer los responsables del Gobierno y del Congreso es ponerse al servicio de las personas afectadas, facilitando la investigación y el amparo político.

¿Qué explicaciones debería dar el Gobierno más allá de escudarse en las leyes seguridad nacional y secretos oficiales?

Debería facilitar al máximo cualquier investigación si no quiere ver manchada otra vez más su reputación democrática. Es decir, en la Unión Europea tenemos noticia de que este sistema lo han usado Polonia y Hungría, dos países que no son dos referentes precisamente de protección de derechos civiles y de democracias ejemplares. Entonces, el Estado español está cayendo en esa división de democracia muy defectuosa. Y si el Gobierno encima pone trabas a que se investigue, directamente es cómplice de esa degeneración democrática.

Este programa solo lo pueden adquirir los Estados. ¿Considera que el Gobierno está detrás del espionaje o se ha podido tratar de acciones individuales impulsadas dentro de Interior o Defensa?

Si está al corriente, es preocupante, pero si no está al corriente es igualmente preocupante porque quiere decir que hay unos poderes que funcionan al margen de los representantes democráticamente escogidos. Entonces, en este segundo caso, creo que que todavía es más preocupante y todavía refuerza más nuestra voluntad de ruptura independentista con el Estado porque unos poderes que no se pueden ni tan siquiera controlar democráticamente son unos poderes que deben de ser anulados. Es decir, que haya sectores de la Policía, de los servicios secretos, que estén funcionando de esta de esta forma, me parece muy, muy, muy preocupante.

Por otra parte, si se quiere aislar en comportamientos de ciertas unidades, tampoco me parece muy serio políticamente porque ya serían demasiadas coincidencias. Existió una Operación Cataluña, que se activó ya en 2014 o unos meses antes de 2014. Eso ha sido objeto de de comisión parlamentaria, etc. Ahora vemos que esto también forma parte de la misma lógica, por lo que no son comportamientos de algunos elementos desviados dentro de las fuerzas de seguridad, sino que hay una voluntad de perseguir adversarios políticos cuando nosotros lo que planteamos es un reto democrático, es decir, queremos votar y votar libremente, y su respuesta son estas malas artes.

Al margen de la posición del PSOE, ¿le parece contundente el posicionamiento de Unidas Podemos, pidiendo una investigación y que "rueden cabezas"?

Yo creo que Unidas Podemos está apechugando con demasiadas contradicciones de su presencia en el Gobierno y se puede entender que son ámbitos en los cuales ellos no participan directamente. Pero el hecho de que el Gobierno siga con plena normalidad, también es preocupante que sea así. Ya lo fue con la cuestión del Sáhara y otros aspectos. Y ahora que haya un Gobierno, en el cual ellos participan, que no quiera dar ningún tipo de explicación, ni si quiera facilitar ningún tipo de investigación sobre una mala praxis, pues me parece que deberían plantarse todavía más.

Ellos [Unidas Podemos] han sido víctimas de estas prácticas ilegales y delictivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con complicidad de ciertos medios de comunicación. Y entonces ellos saben lo que es este tipo de persecución, por lo que deberían plantarse de tal forma que haya investigaciones.

Entre las iniciativas registradas en el Congreso, una de ellas es una comisión de investigación. ¿Cree que se logre constituir este órgano parlamentario teniendo en cuenta que el apoyo del PSOE es indispensable?

Está dentro de su responsabilidad facilitar esta investigación. Es decir, si nos niegan tan siquiera esto tan de mínimos, que es una comisión de investigación parlamentaria, pues insisto con lo que decía al principio, les convierte directamente en encubridores de una operación de espionaje político.

Una investigación de 'El País' y 'The Guardian'  ya reveló en julio de 2020 que Pegasus se usó en 2019 para rastrear al expresident del Parlament Roger Torrent, al exconseller Ernest Maragall y a la exdiputada de la CUP Anna Gabriel. ¿Por qué no hubo tanto revuelo entonces por parte del independentismo? 

Probablemente en aquel en aquel momento ya se sospechaba que la operación sería más grande y que se esperó a tener más datos para ver el alcance de este espionaje político.

Y ahora que se han conocido muchos más detalles, ¿cree que ha habido silencio político y mediático?

En el caso de los medios de comunicación españoles es bastante escandaloso, con algunas honrosas excepciones, como Público y algunos otros. En cuanto a los medios de cabecera, de prensa escrita y televisión, han estado ignorando muchísimo lo que es un escándalo político. Es decir, si hubiese sucedido en cualquier otro Estado europeo que 65 personas, entre las cuales hay representantes electos, presidentes, etc, han sido espiados, eso sería noticia en todos los medios de información.

Aquí lo que vienen a demostrar es que nosotros somos ciudadanos de segunda y que contra nosotros se valen de sistemas de los que no se valdrían contra otros adversarios políticos. Es una forma de normalizar una excepcionalidad democrática cuando nosotros hemos usado las herramientas propias de la democracia: un referéndum y presentarnos a las elecciones. Somos partidos con representantes democráticamente electos y, sin embargo, esta invisibilización que hacen la mayoría de medios de comunicación españoles y con la complicidad de los grandes partidos, también de ámbito estatal, lo que viene a decir es que, bueno, son cosas normales porque contra ellos esto se puede hacer.

¿Qué consecuencias políticas, más allá de las judiciales, tendrá este caso en lo relativo a las alianzas con el Gobierno de Pedro Sánchez?

Yo creo que el Gobierno tiene que estar comprometido a facilitar toda la información y la investigación. Si no es así, los partidos independentistas debemos replantearnos seriamente el apoyo que recibe el Gobierno por parte de nuestras formaciones. La nuestra es la que menos, ya que tenemos muy poco trato con el Gobierno, pero otras formaciones que tienen más trato deberían replantearse esta alianza a tenor de un encubrimiento y una complicidad si ni tan siquiera facilitan un mínimo de investigación, ya sea a través de las comparecencias o de una comisión parlamentaria, de lo que sea. Si se niegan incluso a estos mínimos, la relación no puede seguir como hasta ahora porque es aceptar ese trato como representantes políticos de segunda, de excepción.