El PSOE valenciano se querellará contra Camps

El Partido Socialista valenciano (PSPV) presentará una querella contra Francisco Camps y otros altos cargos del PP y el Ejecutivo regional. La denuncia, que los socialistas llevarán la próxima semana ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, imputa al presidente de la Generalitat los presuntos delitos de financiación irregular, cohecho, malversación de fondos, delito fiscal y delito de alteración contable.

La demanda se extiende, además, al ex secretario general del PP regional, Ricardo Costa; al vicepresidente de la Comunidad, Vicente Rambla; al vicesecretario de Organización del partido, David Serra; y a la tesorera de la formación, Yolanda García.

La demanda imputaa Camps los delitos de financiación ilegal y malversación

"Nada ni nadie va a quedar impune", proclamó ayer el líder del PSOE valenciano, Jorge Alarte, al anunciar este paso judicial, que había recibido horas antes el visto bueno de su dirección regional.

La querella toma como base el informe policial elaborado por la Brigada de Blanqueo sobre la presunta financiación irregular del PP valenciano en su relación con la trama Gürtel. Los resultados de esta investigación fueron remitidos al Supremo y a los tribunales superiores de Madrid y la Comunidad Valenciana. Este último decidió no incluirlo en su causa contra Camps, archivada en agosto. Los socialistas esperan que ahora siga adelante.

"Queremos que se investigue el informe hasta sus últimas consecuencias porque nos jugamos la credibilidad de las instituciones", explicó Alarte, quien pidió "que se abra la investigación en serio". Según el secretario general del PSPV, Camps, como presidente de la Comunidad y de su partido en Valencia, es el "responsable político y penal último de cuanto se pudiera haber cometido con carácter ilegal" en su formación o en la Generalitat.

La querella se extiende a otros cargos como Costa o Vicente Rambla

Las conclusiones del informe que sustenta la querella reflejan la existencia de "una vinculación directa con responsables del PPCV y los órganos de Gobierno de la Comunidad", según hace constar la Brigada de Blanqueo. Todos los nombres que figuran en la denuncia de los socialistas figuran también en la investigación policial que ha dado a conocer la existencia de una presunta trama de financiación irregular al servicio de los conservadores valencianos.

Sus actos públicos, según se recoge en el sumario del caso Gürtel, no los sufragaba el PP, sino media docena de empresarios valencianos que "tienen contratos vigentes, prestan servicios y realizan obras para las Administraciones Públicas obtenidos como contraprestación a los favores realizados por la formación política". Costa era, según la Policía "el canalizador de los pagos con fondos ajenos al servicio financiero".

El PP valenciano respondió al anuncio de Alarte advirtiendo de que interpondrá una querella criminal contra los socialistas por denuncia falsa si presentan su demanda contra Camps y su cúpula política.

Por otra parte, los 542 ayuntamientos del País Valenciano recibirán en los próximos días una moción en la que se pide la dimisión de Camps por su presunta vinculación con la trama corrupta. El escrito es obra del Colectivo Contra la Corrupción, un grupo de ciudadanos que, desde el pasado mes de junio, organiza protestas para pedir responsabilidades a los políticos del PP vinculados con el caso Gürtel.

La moción llegará a todos los consistorios, pero sólo será debatida donde un partido se haga cargo de ella. El colectivo ha conseguido el apoyo de algunos concejales del Bloc Nacionalista Valencià y el PSOE, así como del partido Iniciativa del Poble Valencià.