PSOE y PP se niegan a facilitar las cuentas de la Casa Real

PSOE y PP se han unido para rechazar una enmienda de ERC a los Presupuestos del Estado en la que se reclamaba más transparencia en las cuentas del jefe del Estado. Como es habitual cada año en el debate presupuestario, el republicano Joan Tarda reclamó que se reduzca la aportación consignada para el sostenimiento de la Casa Real (en torno a los nueve millones de euros) a un sueldo exclusivo para el rey equiparable al del presidente de Gobierno.

Sin embargo la propuesta que centró el debate relativo a la Corona fue la de la fiscalización de sus cuentas. Los republicanos pretendían que el Parlamento tenga acceso a la liquidación anual de los nueve millones. Querían saber en qué se han gastado.

Tardá trató de separar coyunturalmente su pretensión del carácter antimonárquico de su formación. "No cuestionamos la legitimidad de la Monarquía, este no es el debate, al menos ahora", advirtió. A su juicio, controlar la ejecución de los Presupuestos es "un derecho" de la Cámara y no aplicarlo, por tanto, supone "impedir la actuación soberana del Congreso".

El diputado republicano incluso deslizó un mínimo halago a la decisión de la Casa Real de congelar este año su asignación presupuestaria. De nada le sirvió. Socialistas y conservadores cerraron filas contra las enmiendas de los catalanes.

Fue el representante del PP quien cargó con más saña. Juan Manuel Albendea achacó las dos propuestas al "odio verdaderamente deleznable" que ERC alberga contra "la institución mejor valorada por los españoles".

Igual que en años anteriores, el diputado del PP aseguró que los republicanos pretenden cambiar la Constitución a través de los Presupuestos. Terminó recurriendo incluso a alusiones personales. Albendea advirtió a Tardá que no aceptarán de ERC lecciones de "moderación, sentido común, moralidad ni transparencia". "No queremos ser como usted", concluyó.

Menos vehemente se mostró la diputada socialista María José Vázquez. Como el diputado del PP, se escudó en la Constitución para defender el "derecho" del rey a disponer de la partida y la imposibilidad de que se fiscalice su ejecución.