Publicada la ley de medidas de ajuste que ha provocado huelga en la Junta de Castilla-La Mancha

La Ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos se ha publicado hoy, la misma jornada en que 70.000 empleados de la Junta están llamados a secundar la primera huelga general convocada en el área pública de la comunidad autónoma.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), consultado por Efe, publica esta ley, que entra en vigor mañana, jueves 1 de marzo.

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó el pasado 21 de febrero, con los votos del PP y el rechazo del PSOE, el proyecto de ley que contiene las medidas de ajuste del gasto público con las que el Gobierno regional pretende sanear las arcas regionales y reducir el déficit público.

Esta ley contiene una batería de cambios en la legislación regional, entre ellos la derogación de la Ley de Garantías de Acceso a la Vivienda o la supresión de la obligatoriedad de destinar el 6% del PIB a Educación.

Incluye las principales medidas anunciadas por el Gobierno regional para tratar de reducir la deuda y el déficit que arrastra la Administración, como el aumento de la jornada de los empleados públicos de 35 a 37 horas y media o la bajada de su sueldo durante 2012.

El Gobierno argumenta que, gracias a la reducción del 10% del complemento específico y asimilados de los empleados de la Junta (nunca más del 3% del salario bruto individual), ahorrará 100 millones de euros.

También incluye la ley medidas de carácter laboral, como la congelación de la oferta de empleo público, la reducción de un 15% de las guardias de los médicos o la reducción de la compensación por las bajas médicas entre el undécimo y el vigésimo día si la incapacidad no tiene su origen en un accidente de trabajo o en una enfermedad profesional.

Al margen de las cuestiones laborales, el texto contiene medidas novedosas, como la derogación de la ley de Garantías de Acceso a la Vivienda, aprobada en el último tramo de la pasada legislatura.

En materia educativa, el proyecto de ley que entra mañana en vigor suprime de la Ley de Educación de la comunidad la obligatoriedad de destinar el 6 por ciento del PIB regional a Educación, que está vigente desde 2010 aunque no se cumplió en los presupuestos de 2011.

Se elimina la gratuidad de los libros de texto y desaparece el compromiso de la Junta de mantener un centro educativo en cada localidad con al menos cuatro alumnos o alumnas en Infantil y Primaria.

La ley incluye medidas para regular la concesión de complementos de las pensiones a mayores de 65 años que vivan solos y a las viudas y en el caso de la atención a víctimas de violencia machista, se asegura por ley que todas las ciudades de más de 20.000 habitantes tendrán un centro de urgencia o una casa de acogida.

Asimismo, la nueva ley modificará la ley de Servicios Sociales de la región para establecer, por ejemplo, que sólo se pague a las residencias concertadas por el número de plazas efectivamente ocupadas.

También se suprime el artículo que establece el derecho de los ciudadanos a la valoración gratuita de su nivel de dependencia.

La ley de garantías de la atención sanitaria también se ve modificada para aclarar que los pacientes que no sean atendidos en los plazos máximos fijados podrán acudir a otro centro, pero sólo entre aquellos que les oferte su hospital de referencia.

En materia de universidades, la ley mandata a la Junta a dictar normas y procedimientos para el control presupuestario de esos centros educativos.

Asimismo, la ley modifica o suprime diferentes acuerdos entre la administración y los sindicatos sobre condiciones laborales y salariales.