En los pueblos aimaras, en Bolivia y Perú, es tradición el sirviñaco. Un periodo de prueba que se dan los novios antes de casarse. Pasan una noche alejados de sus familias y, cuando vuelven a la comunidad, si ambos quieren, se casan. Esta es la teoría, pero las reglas del juego están cambiando. "A veces el hombre secuestra a la chica, la viola y luego la comunidad acepta su unión, sin que la mujer pueda negarse". Magali Chávez es abogada y lleva nueve años defendiendo los derechos de las mujeres en Bolivia, principalmente en El Alto, ciudad destino de la inmigración rural.

El machismo arraigado a la cultura, la impunidad de las muertes por violencia de género, la pobreza y el alcoholismo son los motores de los feminicidios en Bolivia. En 2010 ya han muerto 46. En 2009 fueron 48. Al menos eso es lo que dicen los medios de comunicación, la única fuente de información que puede citar Magali porque en Bolivia ni el Gobierno ni la policía contabilizan los feminicidos. En el Código Penal se llaman "homicidios por emoción violenta" y el parentesco entre víctima y agresor atenúa la pena. "Nuestra lucha es que el feminicidio esté penado con 30 años de cárcel sin indulto", reclama Chávez, quien advierte de que en los pueblos la mujer está todavía más desprotegida.

"Las autoridades jurídicas en las comunidades indígenas son machistas y violan los derechos de las mujeres porque no las dejan separarse", explica. "Si denuncian un maltrato, el jefe de la comunidad les dice que perdonen a sus parejas, que les den una segunda oportunidad. Y si no lo hacen, las echan".