Las 'pymes', el eslabón más castigado por la ley de morosidad

Perder buenos clientes o enfrentarse a ellos para cobrar las facturas pendientes. Ocho meses después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Morosidad, esta es la dicotomía a la que se tienen que enfrentar todavía un buen número de pequeñas y sobre todo medianas empresas españolas.

La respuesta mayoritaria está clara: casi todos claudican ante las presiones. "La litigiosidad no es muy alta", asegura Carlos Gallego, socio de Cuatrecasas.

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En teoría, la legislación vigente eliminó en julio el concepto de "pacto en contrario"; es decir, la posibilidad de que dos empresas acuerden el plazo en que se abonan las facturas, siempre que no se considere "abusivo". Aquella posibilidad se había convertido en un "lo tomas o lo dejas" que la mayoría de pymes aceptaba porque no quería perder negocio. El cambio legislativo no ha transformado demasiado la situación. "Nadie quiere perder a los buenos clientes. Si has trabajado toda la vida con ellos, aunque ahora sigan pagando a 270 días, no puedes cerrarles las puertas. Lo aceptas", explica Gerardo de Lucas, director gerente y fundador de Lujisa, empresa española de distribución de material eléctrico cuya facturación ronda los cuatro millones de euros y que sufre como la mayoría el azote de la morosidad.

Su queja no es única. Todos los entrevistados para este reportaje reconocen que, a pesar de ser ilegal desde julio de 2010, esas presiones continúan. "Los sectores más afectados por estos abusos son los que más acostumbrados estaban a imponer los pactos: la construcción y la gran distribución", asegura Pedro Torres, secretario general de Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Desde esta organización aseguran que la desesperación financiera de muchas empresas está impulsado las denuncias que en un principio se canalizan vía conciliación y, cuando esta no se consigue voluntariamente, llegan las notificaciones judiciales.

En este sentido, la nueva ley es más favorable a los denunciantes que la anterior normativa. En caso de no cobrar, había que esperar casi un año desde que se hacía la reclamación hasta que se podía recurrir a los tribunales de lo contencioso administrativo. Luego, la sentencia no llegaba antes de dos años y otro más para cobrar. Con la reforma de la ley, si en un mes no hay contestación a la reclamación, se puede ir a los tribunales y solicitar como medida cautelar el pago de la deuda.

Construcción y distribución, los sectores que más incumplen la ley

En base a esta modificación, la Plataforma contra la Morosidad ya ha puesto en marcha varias denuncias. La única que es pública es la iniciada contra Ferrovial. "Tenemos otras en marcha contra grandes compañías de cada uno de los sectores con el objetivo de que sean ejemplarizantes. Aunque hay que esperar a que el juez las acepte para hacerlas públicas", explica Pedro Torres. Entre las denunciadas, estaría también una gran operadora de telefonía y una gran superficie de distribución.

La iniciativa está en marcha, otra cosa es que los objetivos pretendidos por la Plataforma lleguen a buen puerto. "El problema es que la ley española entra en contradicción con la directiva europea que será de aplicación obligatoria en dos años. Y tal vez los jueces puedan adelantar la norma de mayor rango que es la europea", apunta el abogado Carlos Gallego.

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Un estudio elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad asegura que el plazo medio de cobro entre empresas durante 2010 fue de 93 días frente a los 101 del año anterior, lejos de los 80 que en teoría marca la nueva norma. "La ley es buena. Está bien hecha y está ayudando a que la situación mejore. El problema es que se necesita tiempo para cambiar las costumbres de muchos años", apunta Pere Brachfield, experto en Morosidad y autor del libro Gestión del crédito y cobro.

Menos optimismo se respira cuando se habla de las relaciones con la Administración. Según datos de la Plataforma Multisectorial, aquí no hay avance, sino retroceso En 2010, el plazo medio de cobro se demoró hasta 157 días, superior a los 154 que se habían registrado en 2009. "Es una vergüenza. Podríamos calificarla como la ley de la insumisión. El 95% de los ayuntamientos la incumplen", advierte Francisco Palacio, director de Relaciones Institucionales de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). La media de pago de los autónomos que trabajan con Administraciones Públicas supera los 121 días de pago. Y en más del 20% de los casos tienen que esperar más de 360 días para cobrar.

Las esperanzas de mejorar se fueron por el desagüe el pasado 14 de abril, cuando el Congreso no aprobó la línea especial del Instituto de Crédito Oficial (prevista en la ley) que iba a liberar 3.000 millones de euros para que los ayuntamientos pudieran pagar las facturas que tienen pendientes. Sin ella se esfuman las esperanzas de cobrar de muchos. Aunque no es la única alternativa que se maneja para forzar el cumplimiento de la ley.

La clave estará en la exigencia legal de publicar los plazos de pago en las memorias. "Nadie querrá que los auditores anoten salvedades en las cuentas por este motivo. Es cuestión de tiempo", asegura Brachfield. Para redondearlo, lo ideal, según ATA, sería "exigir a los acreedores que confirmen esos plazos y cuadrar la información como hace Hacienda con el IVA".

Pero no todo es querer. Todos los consultados son conscientes de que, más allá de que es muy difícil romper la inercia de pago de las grandes corporaciones, "el difícil acceso a la financiación es el mayor ogro con el que tiene que luchar la implantación de esta ley", advierte Luis Salvaterra, director general de Intrium Justitia. Según las cifras manejadas por esta entidad, en 2011 seguirán creciendo los retrasos en los pagos y los impagos. Aseguran que, al menos, 100.000 empresas podrían cerrar en 2011 por falta de liquidez.