Una querella amenaza a las agencias de rating en España

Una decena de abogados ultima una querella criminal contra las grandes agencias de calificación por intentar, de forma reiterada, "alterar los precios en los mercados" en beneficio propio y de sus clientes con un grave perjuicio económico para el erario público y los pequeños ahorradores. La querella se presentará muy probablemente esta misma semana en la Audiencia Nacional, por la vía de la acusación popular y con el impulso de varias organizaciones, y trata de replicar en Europa iniciativas emprendidas en EEUU por la propia Fiscalía.

Todos los informes oficiales de radiografía de la crisis, incluyendo los recientes del Congreso de EEUU y del FMI, señalan el papel clave de las agencias de rating en el origen del crash, pese a lo cual nunca han tenido que rendir cuentas. Y ello pese a que las agencias de calificación y entre ellas, particularmente las tres grandes (Moody's, Standard & Poor's y Fitch, contra las que se dirige la querella criminal) otorgaron la máxima calificación a productos financieros basura. Posteriormente, por el contrario, degradaron las notas de la deuda pública, entre ellas la española, lo que ha contribuido a agravar los problemas financieros de muchos países y de sus empresas.

Antes del estallido de esta crisis, cualquier intento de denunciar a las agencias de rating fracasó en EEUU porque sus informes se consideraban "opiniones" y contaban, por tanto, con la máxima protección de la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión de forma más rotunda que en España. Pero, incluso en ese país, esta consideración está en suspenso en la medida en que las principales querellas presentadas tras la crisis en California, en Ohio y en Connecticut siguen vivas pese a que alguna llegó a los tribunales ya en 2008.

La investigación del Congreso de EEUU, que acaba de publicar sus conclusiones tras casi dos años de trabajo, ha puesto de manifiesto, a través de emails entre empleados de las agencias, que algunas calificaciones se cocinaban de acuerdo con el cliente y en contra, por tanto, de los pequeños inversores que compraban los productos confiados por las excelentes notas asignadas.

El equipo de abogados que dirigen Gonzalo Boye y Jaume Assens ha incorporado todas estas averiguaciones en su querella, de casi 50 folios y centrada en los efectos en España. A juicio de estos abogados, que cuentan con la ayuda de catedráticos de Economía y que ejercerán la acusación popular en nombre de la Unión por las Libertades Civiles y el Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales, el "conflicto de intereses" que han puesto de manifiesto todos los informes elaborados tras la crisis están tipificados en los artículos 284 y 285 del Código Penal español.

Estos artículos persiguen la alteración artificial de los precios a partir de la difusión de información engañosa o haciendo uso de información privilegiada y prevén penas de multa e incluso de prisión: entre seis meses y cuatro años.

Los querellantes sostienen que la crisis permite objetivar el conflicto de intereses gracias a las investigaciones emprendidas incluyendo la citada del Congreso de Estados Unidos y los test de estrés a los bancos. Ello ha facilitado conocer, por ejemplo, que los principales compradores de deuda pública son a su vez los principales clientes de las agencias y, por tanto, beneficiarios de que los estados tengan que pagar un interés mayor para colocar su deuda en los mercados.

"El concepto indeterminado de mercado a los efectos de los actos aquí descritos tienen nombre, apellidos y razón social y, por tanto, son sujetos a los que se les deben exigir sus correspondientes responsabilidades", concluye la querella que va a presentarse.

En los años anteriores a la crisis, los resultados de las agencias de rating fueron extraordinarios por la enorme cantidad de productos financieros nuevos que puntuaron.

El estallido de la crisis apenas les ha afectado, como muestran los resultados presentados a principios de febrero: los beneficios de Moody's crecieron el 35% en el último cuarto de 2010, mientras que los de S&P subieron el 12%.

El grueso de ingresos procede de los mismos a quienes califican. El coste anual de una empresa por ser calificada puede llegar a 600.000 euros.

En la práctica, se trata de un oligopolio: Moody's, S&P y Fitch (todas anglosajonas) copan el 80% del mercado.