Entrevista a Los afectados por el proyecto Castor"Queremos que el sufrimiento que provocó quede reconocido jurídicamente"

Este pasado lunes comenzó el juicio contra dos directivos de Escal UGS y la propia empresa por los terremotos provocados por el proyecto Castor en la costa de Vinaròs (Castelló) y Alcanar (Tarragona). La Audiencia de Castelló ha citado a declarar al expresidente de la compañía, Recaredo del Potro, y al exconsejero delegado José Luis Martínez Dalmau por los movimientos sísmicos provocados por las inyecciones de gas en el almacén submarino.  A partir de septiembre de 2013 se sucedieron hasta mil terremotos, que llegaron a 4,3 grados en la escala de Richter. Ambos directivos están acusados de delito ambiental y se enfrentan a peticiones de entre seis y siete años de prisión. Los afectados piden la reparación de los daños morales con una indemnización de 15.000 euros para cada uno. La vista llega ocho años después y con unas instalaciones aún pendientes de desmantelamiento, pero no abordará las posibles irregularidades en el diseño y la tramitación del proyecto, así como tampoco el escándalo por la financiación y coste final, que puede superar los 2.000 millones de euros a cargo del Estado. Joan Ferrando, portavoz de l'Associació d'Afectats per la Plataforma Castor (APLACA), personada como acusación particular en el juicio, explica a Público sus impresiones en el arranque del juicio. El proceso se alargará durante al menos cuatro semanas, aunque finalmente no declararán el conjunto de 200 testigos citados inicialmente.

¿Cómo valora el inicio del juicio?

Para nosotros esto ya es una victoria. En cinco años que estuvimos con la causa en el juzgado número 4 de Vinaròs, haciendo la instrucción, no sabíamos si esto realmente pasaría a juicio o no. Mucha gente decía que no, que se cerraría, que no habría causa. Pues sí, ha habido causa y esto ya es un éxito. Esperamos que haya una sentencia condenatoria. Evidentemente quisiéramos que el banquillo de los acusados ​​fuera bastante más grande, como al principio: Había altos cargos, gente que ha ocupado cargos de responsabilidad y ya no están. Pensamos que hubo un maltrato del medio ambiente, y eso siempre es un mal negocio, aunque se busquen beneficios económicos mayores. Esto es lo que ahora se enjuicia. Pero hay mucho más detrás, es todo un funcionamiento de la administración.

Han pasado ocho años. ¿Cómo recuerda aquellos días?

Ahora que he escuchado otra vez los testigos se me pone la piel de gallina. Para nosotros fue muy fuerte. Llevábamos desde septiembre de 2007 advirtiendo a la empresa y a la administración de que había que hacer unos estudios geológicos profundos: Había advertencias ya de que había peligro, riesgo de terremotos. Queríamos que este riesgo fuera aceptado y gestionado por quien tenía que dar permiso. Y esto no fue así. Nos despreciaron y nos dijeron que no teníamos ninguna categoría científica, que no teníamos ni idea del tema. Y finalmente qué casualidad que se produjeran los terremotos. Menos mal que no hubo daños personales. Materiales sí, pero no significativos.

¿Temen que quede en el olvido, sin consecuencias?

Que queda en el olvido ya lo tenemos claro. El hecho de personarnos nosotros en la causa, como APLACA, como particulares, es para aferrarnos a la única vía jurídica que había de que esto se investigara. Evidentemente muchas otras cosas, como la financiación, en esto ya no se ha entrado ni se entrará. Hay implicadas entidades bancarias, el Banco Europeo de Inversiones, la Comisión Europea... Queremos apurar hasta el último momento a pesar de las críticas de la gente, y el olvido comprensible de muchos. Hubo niños que se tuvieron que esconder bajo los pupitres, familias que llevaban una muda en el coche por si tenían que irse en medio de la noche... La Generalitat activó el SISMICAT [plan contra el riesgo sísmico], algo que nunca antes había hecho y no ha vuelto a hacer. Sin embargo, hay mucha gente que no quiere saber nada, pero nosotros queremos estar presentes y pedir indemnizaciones para personas que sufrieron y quieren que el sufrimiento quede reconocido jurídicamente.

El juicio no abordará las irregularidades económicas del proyecto

Las instalaciones de la planta no están desmanteladas todavía. ¿Cuáles son los principales motivos?

No alegan ningún motivo; toman decisiones, ponen plazos que incumplen y aquí no pasa nada. Los afectados por la plataforma Castor no somos sólo los ciudadanos del territorio, sino todos los ciudadanos del Estado: todos pagamos el descalabro económico. Tenemos la planta, los gaseoductos dentro del mar y en tierra, la gran planta al lado de la autopista, con las tuberías... y aquí va pasando el tiempo y no dan ninguna explicación. Dicen que técnicamente esto se debe estudiar bien, pero la planta marítima es muy similar a las de extracción de petróleo, y se cierran y sellan todos los días.

Piden una indemnización por daños morales de 15.000 euros por persona, 1.845.000 euros en total, que es lo que recibieron los afectados por el naufragio del crucero Costa Concordia en Italia, en el año 2012. ¿Por qué establecen una analogía con este caso?

Cuando nos organizamos, nuestros abogados, que están especializados en la defensa de víctimas de catástrofes colectivas, habían llevado unas cuantas personas afectadas por el caso Costa Concordia. No habían sufrido males físicos pero habían estado unas horas sufriendo para ver qué pasaba: Habían sufrido daños morales. Pedimos que reconozcan los daños morales, la angustia, el sufrimiento, la bajada del nivel de vida en esos días por ello. Se estaban produciendo terremotos que durante años habíamos estado exigiendo que se hicieran estudios para que no se produjeran. No se hizo la gestión de este riesgo. En el momento en el que constituimos APLACA salió esta sentencia.

"Quisiéramos que el banquillo de los acusados ​​fuera bastante más grande, como al principio"

Además de reconocer los daños morales, queremos que haya una aceptación de la participación ciudadana. Cuando se hace un proyecto de esta magnitud, se debe contemplar, pero en este caso sólo se hizo para cumplir. A veces no podíamos ni entrar en los actos. Queremos que haya una aceptación de la participación ciudadana: la ciudadanía, que aunque ellos piensen que no se informa sí lo hace, tiene una opinión, y queremos que esto se respete.

En el juicio declararán 14 de los 123 afectados que constituyen la asociación. ¿Están satisfechos con esto?

La citación de la Audiencia provincial es más amplia, pero cuando lo planteamos, cinco años después de la constitución de APLACA, ocho años después del problema, hay gente que ha muerto, ha enfermado... Ha pasado un periodo largo en pandemia... Esto nos obligó a replantearnos en qué disposición estaban los afectados. Vimos que era excesivo que mucha gente fuera a Castelló. Mucha gente vive en Vinaròs, La Ràpita, Alcanar, e ir a declarar ante la Audiencia provincial no es menor.

¿Cómo valoran la instrucción del caso?

Estamos satisfechos con que el caso haya pasado a la Audiencia provincial, pero con que la la mayor parte de los acusados ​​no estén citados, no.

¿Cuáles son los principales obstáculos para que la Audiencia reconozca las demandas que plantean?

Son dos: por un lado, el daño moral en la jurisprudencia española está muy verde, y también el enjuiciamiento de los delitos medioambientales.