El referéndum sobre la independencia de Catalunya que el municipio de Arenys de Munt pretende celebrar el 13 de septiembre podría no llegar a celebrarse. El juzgado contencioso administrativo número 14 de Barcelona admitió ayer a trámite un recurso de la Abogacía del Estado contra el acuerdo alcanzado en el pleno municipal del 2 de junio, en el que se dio el visto bueno a la consulta y el consistorio accedió a colaborar en la celebración del mismo.

El escrito del abogado del Estado, que solicita la suspensión preventiva del evento, sostiene que el referéndum vulnera la Ley Municipal y de Régimen Local de Catalunya y también recuerda "la competencia exclusiva del Estado para convocar consultas sobre cuestiones de especial trascendencia política". El Ayuntamiento de Arenys de Munt tiene ahora cinco días para presentar las alegaciones oportunas, porque el juzgado debe emitir una resolución antes del día 13.

«El objetivo es detener el referéndum por el miedo a preguntar»

Decepción en Arenys

La noticia cayó como un jarro de agua fría en Arenys, donde han pasado de solicitar en vano la prohibición de la manifestación contraria convocada por Falange, a ver como es la consulta la que está en entredicho. El alcade, Carles Móra, derrochaba indignación al ser preguntado por el asunto. Pero su decepción ante lo que definió como "una nueva intromisión" del Estado no le impidedía ser prudente al valorar el contenido del recurso y la respuesta que debe activar el ayuntamiento. "Si queremos salvar la consulta debemos ir con cuidado. Mañana leeremos el recurso y nuestros abogados decidirán qué es lo mejor", explicó.

El recurso ha dejado a los impulsores del referéndum algo descolocados, y ha generado un cierto desconcierto, a juzgar por las reacciones emitidas ayer. A media tarde, Móra no sabía aún quien va a defenderles; la decisión debía tomarse a última hora de ayer en una reunión de la Comissió Organitzadora de la Consulta (COC), donde participa el propio alcalde, además del concejal de la CUP, Josep Manel Ximenis, coordinador de la comisión. Éste insistía ayer que la consulta "no se puede impedir" y que ellos continuan con los preparativos (ver foto).

«La pregunta supone un perjuicio para la estabilidad social y política»

"¿Qué espacio político le queda a la ciudadanía si no puede dar su opinión?", repetía el alcalde. Preguntado sobre la implicación del Ayuntamiento en el proceso, Móra descartó que esta sea la causa del recurso. "El objetivo es detener el referéndum, sea privado o público, porqué existe miedo a la pregunta", sentenció.

De hecho, el contencioso no sólo apunta que la convocatoria rebasa los límites de la legislación municipal sino que se da por sentado que preguntar por la independencia supone un "perjuicio para la estabilidad social y política", puede "quebrantar la propia confianza que debe presidir las relaciones entre distintas Administraciones" y "va en contra del interés general de todos los españoles". Móra, quien asume que han tocado "un tema tabú", asegura que acatarán la decisión que resuelva el juez, porque "en una democracia hay que respetar la justicia".

Reacciones políticas

Lo que se planteaba como una consulta de ámbito local sin mayor trascendencia ayer suscitó ya la reacción de todos los partidos catalanes, y lleva camino de convertirse en un debate de mayor calado. El PSC, cuya agrupación de Arenys de Munt se opuso a la consulta, se limitó ayer a expresar su respeto hacia el proceso judicial abierto. Desde el PP y Ciudadanos celebraron la decisión del juez de admitir a trámite el contencioso. El presidente de esta útlima formación, Albert Rivera, había presentado el lunes en la delegación del Gobierno una solicitud en este sentido. En el otro extremo CiU mostró su "sorpresa" por la impugnación y recordó que es una iniciativa "privada". También ERC defendió una consulta "legítima" y "a la que no se debe temer". ICV calificó de "desafortunada" la impugnación.

Más allá fue el municipio de Serós (Lleida), gobernado por ERC, que anunció que llevarán acabo otro referéndum similar en solidaridad. Su alcalde, Gabriel Pena, explicó que la consulta se hará a petición de una agrupación o entidad cultural ciudadana. Otros pueblos gobernados por ERC podrían seguir el ejemplo.