"Nos quieren convertir en delincuentes"

La vida de más de 700 personas puede cambiar en los próximos días. Las naves industriales ocupadas por inmigrantes en el barrio del Poblenou, en Barcelona, podrían ser desalojadas de un momento a otro. Una de ellas, situada en la Calle Pere IV, en la que viven 50 personas, ya tiene una orden de desalojo. La otra, en la Calle Puigcerdá, con más de 300 personas, está pendiente de resolución.

Ante esta situación, los que malviven y trabajan en estas instalaciones reivindican su derecho a tener un lugar donde vivir y un espacio donde desarrollar su trabajo de una forma legal e institucionalizada. Apoyados por la Asociación de Vecinos y la Asamblea Solidaria contra el Desalojo del Poblenou, los inmigrantes denuncian una situación de emergencia que podría dejar en la calle a centenares de personas. Para hacerse oír, han celebrado una jornada reivindicativa en la nave de Puigcerdá, donde además de manifestar su postura, han ofrecido un almuerzo para todos aquellos que quisieran desplazarse hasta el lugar.

En dichas instalaciones, repletas de naves que contienen chatarra, vidrio y demás materiales, los inmigrantes han expuesto sus alegaciones, y han recordado el listado de Derechos Humanos reconocidos por la Comisión de Derechos Humanos. Algunos de los participantes, como Kheraba Drame, residente en Barcelona desde hace más de 10 años, han explicado la labor que se lleva a cabo en las naves. Además de la recogida de chatarra, estos inmigrantes han creado una especie de cooperativa donde, mediante una jerarquía horizontal, se elaboran proyectos.

"Nuestra idea es que se legalice la propuesta que se hizo en un principio de crear una cooperativa integral donde, además de la chatarra, podamos llevar a cabo proyectos como el actual: la recuperación de energía limpia y solar mediante la bioconstrucción y el reciclaje de botellas de vidrio". Drame alude a la propuesta que le hicieron a Miguel Esteban, el Consejero Municipal de Inmigración, en la que pedían que se les legalizara una cooperativa integral. Un proyecto así necesita una financiación, que según los inmigrantes, supondría unos 260.000 euros al Ayuntamiento de Barcelona. La respuesta del Ayuntamiento ha sido negativa.

Al igual que sus compañeros, Ibrahima Seydi también reivindica sus derechos. Este senegalés es uno de los pocos que cuentan con papeles y trabajo, aunque desde hace poco tiempo. Durante su estancia en la nave de Puigcerdá, Seydi dedicó su tiempo a hacer lo que mejor sabe: esculpir la madera. Ahora acude al lugar para respaldar la postura de sus paisanos, consciente de la importancia que aquel lugar abandonado tiene para ellos. "Este lugar es el único que tenemos para poder trabajar. No hemos venido a vivir, hemos venido a trabajar. Nosotros sólo pedimos que nos respeten el espacio que hemos creado. No queremos estar ocupando propiedades privadas, pedimos que nos den soluciones. Un trato digno, una consideración y el reconocimiento de nuestra labor en la sociedad".

La nave que actualmente ocupan pertenece a Fincas Riana SL, cuya administradora y propietaria es María Luisa Iglesias. Estas dependencias se encontraban abandonadas en el momento de la ocupación, llenas de toneladas de basura y residuos, y sin luz ni agua corriente. Actualmente, las personas que viven allí cuentan con luz, pero el agua corriente aún escasea, y las condiciones son deplorables.

"Los ciudadanos nos apoyan, pero los políticos nos quieren convertir en delincuentes"

El respaldo que les proporcionan los vecinos del lugar hace que estos inmigrantes no entiendan la postura de las instituciones. "Existe un bloqueo político, una marginación por parte de las instituciones. Los ciudadanos nos apoyan, pero los políticos nos quieren convertir en delincuentes". Junto con los políticos, organizaciones como la Cruz Roja también se mencionan en el discurso de algunos de ellos. "La Cruz Roja ha perdido toda su ética dejándose utilizar por los políticos."

Ante el inminente proceso de desalojo de la nave de Puigcerdá, pendiente de resolución, la situación es desesperante. "Si nos desalojan va a ser un desastre. Van a echar a centenares de personas a la calle. Personas que no son delincuentes, no son ladrones. Sólo pedimos un espacio donde poder vivir y trabajar. Nos ganamos la vida con la basura, estamos en unos edificios abandonados, sin agua y sin luz. La situación aquí es peor que en África. Allí tienes agua corriente y luz, aquí no. Y encima nos quieren echar".

Son las palabras de Sherif, otro de los inmigrantes afectados por la situación, quien no duda en responder de forma contundente cuando se le plantea la posibilidad de volver a su país de origen. "África está llena de blancos y nadie les pregunta si se plantean volver".