Se reanudan las declaraciones a los controladores imputados por el caos aéreo

La juez que investiga en Madrid el supuesto abandono por parte de los controladores aéreos de sus puestos de trabajo en los centros de Barajas y Torrejón de Ardoz en diciembre de 2010, reanudará hoy la toma de declaraciones a varios de los imputados.

Fuentes jurídicas han confirmado a Efe que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, María del Sagrario Herrero, tomará nuevas declaraciones los días 12, 13, 15, 19 y 20 de este mes.

Estas declaraciones son continuación de las que tuvieron lugar el pasado julio, cuando una docena de controladores aéreos, entre ellos el presidente de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Camilo Cela, comparecieron como imputados en relación con el caos aéreo producido los días 3 y 4 de diciembre de 2010 hasta que el Gobierno decretó el estado de alarma.

Cela, que tuvo que acudir dos días a declarar, uno como controlador y otro como líder sindical, comentó entonces a la prensa que "el único responsable" del caos aéreo había sido Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y no los controladores, y argumentó que su ausencia en el puesto de trabajo esos días estaba justificada porque contaba con una dispensa sindical.

La mayoría de los otros controladores que declararon hace dos meses sostuvieron ante la magistrada que se ausentaron de sus puestos de trabajo "por estrés", según señalaron fuentes de sus defensas.

Además, uno de los pasajeros afectados que está personado como acusación particular, el abogado Víctor Valladares, explicó que algunos de los controladores están imputados por presunto secuestro o detención ilegal, delito que se sumaría a los de abandono del puesto de trabajo, sedición y coacciones de los que se está acusando a los imputados.

Los controladores imputados por el delito de secuestro serían los que trabajaban en el turno de tarde del 3 de diciembre, cuando un vuelo con destino a la ciudad alemana de Dusseldorf estuvo retenido en Barajas más de tres horas y a todos sus pasajeros se les impidió abandonar el espacio aéreo español, según Valladares.

Por otra parte, la Agrupación de Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo presentó este verano una reclamación contra AENA y el Ministerio de Fomento para que indemnicen con 50 millones de euros a cerca de 5.000 viajeros afectados por la anulación de los vuelos en el Puente de la Constitución de 2010.

El despacho Cremades & Calvo Sotelo, en representación de estos viajeros perjudicados, ha llevado a cabo así la primera solicitud de responsabilidad patrimonial contra el Estado, que exige una compensación de 10.000 euros por los daños morales y materiales sufridos por cada viajero.